La maquinaria judicial española vuelve a estar en el centro del debate político, y esta vez los ecos del rifirrafe entre el Gobierno central y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resuenan con fuerza en los pasillos de los juzgados gallegos. Mientras en Madrid se negocia la renovación del órgano de gobierno de los jueces y se diseñan nuevos planes de refuerzo, la realidad en la terra es tozuda: las salas de lo social y contencioso-administrativo de Vigo, A Coruña y Santiago acumulan asuntos con una morosidad que ya supera los doce meses en algunos partidos judiciales.
El plan estrella que impulsa el Ejecutivo de Sánchez pasa por inyectar más de 300 plazas de refuerzo a nivel estatal, con especial atención a los juzgados que soportan una litigiosidad desbocada. Ahora bien, la letra pequeña del decreto, que se negociará en las próximas semanas, deja fuera de la ecuación a los juzgados de primera instancia, un detalle que en Galicia no ha pasado desapercibido. Cabe recordar que la comunidad gallega arrastra una tasa de litigiosidad de 157 asuntos por cada mil habitantes, tres puntos por encima de la media estatal, y que los juzgados de lo mercantil de A Coruña, con la vista puesta en los concursos de acreedores, están al borde del colapso.
La saturación crónica de las ciudades atlánticas
Si hay un territorio donde la anunciada «justicia ágil» suena a chiste de mal gusto, ese es el partido judicial de Vigo. Con una población que supera los 420.000 habitantes, sus siete juzgados de lo social reciben una media de 45 demandas diarias, muchas de ellas relacionadas con despidos e impugnaciones de sanciones. La situación es tan límite que las vistas de despido, que por ley deberían celebrarse en un plazo máximo de quince días, se están señalando para dentro de cinco meses. Lo cierto es que los sindicatos ya han puesto el grito en el cielo, pero la respuesta de la administración, por ahora, se limita a promesas de nuevas unidades.
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Conoce más →En Santiago, la capital judicial de Galicia, el atasco tiene otro nombre: contencioso-administrativo. La sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ve cómo los recursos contra la administración autonómica y local se acumulan sin que las plazas de refuerzo anunciadas para el último trimestre del año hayan llegado a materializarse. De hecho, las estadísticas del propio TSXG indican que la pendencia media en esta jurisdicción creció un 18% interanual, alcanzando los 9.400 asuntos. Y eso que la ciudad cuenta con una de las ratios de jueces por habitante más altas de la comunidad, un 11,7 por cada 100.000, pero la complejidad de los litigios urbanísticos y tributarios compensa cualquier ventaja numérica.
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Ver planes de email →«La llegada de refuerzos sin una reforma estructural de la planta judicial es como poner una tirita en una hemorragia. Los jueces de refuerzo hacen su labor, pero cuando se van, el atasco vuelve a ser el mismo en cuestión de semanas», explica un magistrado decano de la provincia de A Coruña.
Una agenda política con olor a elecciones
La agenda del Gobierno para el Poder Judicial no se limita a los refuerzos. La proposición de ley para reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, que pasaría a ser designado directamente por los jueces, ha reabierto la guerra institucional. En Galicia, donde las asociaciones judiciales conservadoras tienen un peso considerable, esta propuesta genera una mezcla de escepticismo y esperanza. Los jueces de base consultados por este diario coinciden en que la politización del órgano es el verdadero problema, pero dudan de que el cambio de sistema, tal y como está planteado, vaya a resolver la falta de medios.
Entre tanto, los letrados de la administración de justicia, los antiguos secretarios judiciales, han convocado nuevas movilizaciones para diciembre si no se desbloquean sus condiciones laborales. Una huelga en ese colectivo paralizaría por completo el funcionamiento de los 250 juzgados gallegos, y la morriña de los ciudadanos que esperan una resolución sobre su pensión o su despido se convertiría en desesperación pura. La Xunta, por su parte, ha reclamado una reunión urgente con el Ministerio para abordar las competencias de la nueva oficina judicial, un proyecto piloto que en Ferrol y Ourense avanza a trompicones.
La pregunta que flota en el ambiente es si estos refuerzos llegarán a tiempo o si, como viene siendo habitual, se quedarán en un anuncio propagandístico con olor a ciclo electoral. Los datos de la última década no invitan al optimismo: de los 47 jueces de refuerzo asignados a Galicia en 2023, solo 19 continúan en sus puestos a día de hoy. Y mientras los políticos se enredan en la madeja de la renovación del CGPJ, los juzgados de Vigo, A Coruña y Compostela siguen haciendo malabares con una plantilla que se queda corta para atender a una ciudadanía que, legítimamente, reclama justicia sin más demoras.
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