Un menor con diagnóstico de trastorno del espectro autista en A Coruña lleva más de sesenta días sin asistir a clase, según han confirmado fuentes del entorno educativo. La ausencia se prolonga por indicación médica, en un caso que ha encendido alertas sobre la fragilidad de los mecanismos de apoyo a la inclusión escolar en contextos de necesidades especiales.
Demasiado tiempo. Un niño en edad obligatoria de escolarización, con un informe clínico que respalda su situación, permanece fuera del aula sin que el sistema educativo haya encontrado aún una respuesta efectiva. No es un caso aislado, aunque cada uno pesa como una losa.
La prescripción médica como barrera
El menor, escolarizado previamente en un centro público del municipio, dejó de asistir a clase tras una evaluación psicopedagógica que concluyó en la necesidad de un entorno adaptado. La prescripción del equipo de salud mental infantojuvenil fue clara: el ingreso en el aula tal como estaba configurada suponía un riesgo para su bienestar emocional y su desarrollo.
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Ver en Hotels.com → PublicidadA nadie se le escapa que los centros no siempre están preparados para recibir a estudiantes con perfiles complejos. Pero tampoco puede normalizarse que una decisión médica se convierta, de facto, en una exclusión prolongada. Lo cierto es que no hay plazas disponibles en unidades específicas, ni tampoco se ha activado un protocolo de respuesta ágil.
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Hosting WordPress →Un responsable del sector educativo, bajo estricta reserva, señaló que el sistema está sobrecargado. “Hay más casos de los que se conocen, y muchos se gestionan sobre la marcha, sin recursos reales detrás”, indicó. La cifra habla por sí sola: en la provincia de A Coruña, la lista de espera para unidades de inclusión supera ya las cincuenta solicitudes.
La familia en el vacío administrativo
Entre tanto, la familia del menor se encuentra en una situación de incertidumbre constante. Han presentado reclamaciones formales, han acudido a reuniones con orientadores y jefaturas de estudios, pero no hay fecha prevista para el regreso a clase. Nadie asume la responsabilidad de coordinar una solución.
Quien conozca el devenir de estos procesos sabe que, cuando no hay presión social, las respuestas se dilatan. No es menor el dato: el tiempo que un niño pasa fuera del entorno escolar condiciona para siempre su integración. En Galicia, como en otras comunidades, los informes psicopedagógicos no siempre se traducen en acciones concretas. Hay una brecha entre el diagnóstico y la ejecución.
En este caso, se ha solicitado una plaza en un centro con aulas especializadas en Arteixo, donde la demanda supera ampliamente la oferta. También se ha planteado la posibilidad de reforzar el equipo docente en su centro actual, con apoyo de logopedas y psicólogos itinerantes. Pero sigue sin resolverse. Difícil entender cómo un sistema que presume de inclusión no es capaz de actuar en dos meses.
Un sistema bajo presión
El curso escolar comenzó con más de cuatrocientos puestos sin cubrir en la red pública gallega. Muchos de ellos, en especialidades clave como audición y lenguaje, pedagogía terapéutica o apoyo en educación especial. Basta con mirar los datos del departamento de Educación para ver que las necesidades crecen más rápido que los recursos.
En paralelo, los centros de atención temprana están saturados. En comarcas como A Coruña o Ferrol, las listas de espera para evaluaciones superan los seis meses. Eso significa que muchos niños llegan tarde al diagnóstico, tarde a la intervención, y tarde, también, a la escuela. Cuando finalmente se emite un informe, el sistema ya está desbordado.
Un alto cargo municipal con experiencia en políticas sociales señaló que “no se puede seguir improvisando. Hay que planificar con años de antelación, no a golpe de emergencia”. Pero las decisiones siguen siendo reactivas. Ahí está la clave: se actúa cuando ya ha habido una ruptura, no antes de que.
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