Ourense despierta esta semana con una sensación amarga: no sólo son robos aislados de metal, sino un saqueo continuado del patrimonio íntimo de los pueblos. La madrugada del lunes 16 de marzo fueron sustraídas 34 imágenes de crucifijos en el camposanto de San Breixo, en Celanova, y contabilizar más de 60 figuras en apenas once días si se suman los hurtos denunciados en los cementerios de Santa María de Fechas y San Xoán de Viveiro —también en Celanova—, el de Marabillas en Cartelle y el de San Eusebio en Coles. Vecinos, familiares y autoridades locales coinciden en que algo más que chatarra ha desaparecido: se ha robado parte de la memoria colectiva.

La última oleada: noches de saqueo y familias aturdidas

Fue un vecino quien, al asomarse al camposanto de San Breixo a primera hora, comprobó que las lápidas habían quedado desnudas. Las placas de metal donde antaño reposaban pequeñas imágenes del Cristo para custodiar las tumbas aparecieron arrancadas y en muchos casos mutiladas. «Uno piensa en la violencia urbana, en los robos a los negocios, pero ver así las sepulturas te deja sin palabras», afirmó una mujer mayor que acude cada domingo a visitar a su marido, según fuentes cercanas a la localidad.

Los datos aportados por los afectados permiten trazar un patrón: los hurtos se están produciendo de noche y en áreas despobladas del rural ourensano, lo que facilita la acción de los ladrones y complica la rápida detección. No es la primera vez que la provincia sufre sustracciones de metal; hace años se registraron múltiples robos de cableado telefónico y hasta de la señalización de las vías del tren. La novedad, y lo que más indigna, es que ahora el objetivo son las figuras religiosas que acompañan a los difuntos en sus sepulturas.

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En muchos pueblos la falta de iluminación, el escaso número de efectivos policiales y el descenso de población —con sus mayores residentes que a menudo no pueden vigilar las necrópolis— son factores que los propios vecinos relacionan con esta escalada. A falta de confirmación oficial sobre la autoría, crece la hipótesis de bandas organizadas dedicadas a la sustracción de metales para su posterior venta como chatarra, que operan con horarios y rutas muy definidos.

Cuando un político roba es un corrupto; cuando un toxicómano roba es un adicto; cuando un banquero roba es un usurero, pero robar el cristo de las lápidas de San Breixo es saquear nuestra memoria.

Un problema que enlaza con la economía del metal y la despoblación

El mercado del cobre y otros metales no es ajeno a lo que ocurre en Ourense. Los precios internacionales y la existencia de receptadores locales o redes que cruzan provincias convierten piezas pequeñas pero numerosas en botín lucrativo. Aunque una imagen de crucifijo no pese tanto como un cable de alta tensión, el volumen acumulado y la facilidad para su venta hacen rentable el expolio.

Pero el factor económico no explica todo. La geografía y la historia de esta parte de Galicia ayudan a comprender la dimensión simbólica del delito. En municipios como Celanova, con su monasterio de San Salvador y un tejido cultural muy presente, las sepulturas forman parte del paisaje emocional de las familias. Quitar una imagen no es sólo robar metal; es alterar un rito, una forma de recordar. Eso explica la contundente reacción de algunos vecinos y de asociaciones locales, que han pedido medidas extraordinarias.

Los ayuntamientos afectados, con presupuestos ajustados y responsabilidades repartidas, plantean soluciones inmediatas que van desde la instalación de cámaras puntuales y mejores cerramientos hasta la colocación de réplicas menos valiosas en las lápidas. La experiencia en otros municipios demuestra que las réplicas de resina o hierro pintado reducen el interés del ladrón, aunque no solucionan la sensación de impunidad ni la herida que queda tras la pérdida.

Repercusiones y pasos a seguir: policía, prevención y reparación

En el plano judicial y policial, la investigación debe determinar si se trata de grupos itinerantes o de personas actuando de forma más espontánea. A falta de confirmación oficial sobre detenciones, los afectados esperan un refuerzo de patrullas y controles en puntos estratégicos. También reclaman mayor coordinación entre municipios para compartir información sobre receptores de chatarra y rutas sospechosas.

En lo municipal, la respuesta inmediata suele pasar por la reparación y la reposición de las iconografías sustraídas, aunque esto plantea un dilema: ¿quién paga y con qué criterios se repone un patrimonio que, en muchos casos, es de carácter privado o familiar? Algunas corporaciones han ofrecido ayudas puntuales, pero el problema exige una estrategia más amplia que combine vigilancia, concienciación y medidas administrativas para perseguir el comercio ilícito de metales.

La dimensión humana no desaparece tras las multas o la recuperación de algunos objetos. Para las familias afectadas, muchas de ellas con difuntos enterrados hace décadas, la intervención de cada cruz o Cristo era una forma de cuidado filial. Restauradores y artesanos locales han manifestado su disposición a colaborar, pero advierten: restaurar es reconstruir una memoria, y no siempre resulta posible recuperar el original.

Queda en el aire la pregunta de fondo: cómo proteger lo íntimo y lo comunitario en territorios cada vez más vulnerables. Las soluciones técnicas y policiales son necesarias, pero la reparación moral exige también un gesto público, una condena social que ponga en valor lo que se ha perdido. En Ourense, donde la memoria se entrelaza con el paisaje y las piedras, el robo de una imagen es una agresión que rebasa el valor económico. Recuperar la paz para los difuntos será una tarea colectiva que implicará a vecinos, administraciones y fuerzas del orden en igual medida.