Un vídeo de jóvenes saltando sobre un muro del siglo XI ha vuelto a encender las alarmas. Ocurrió en la Alhambra de Granada, donde varios practicantes de parkour accedieron a una zona no visitable y provocaron daños valorados por el patronato en más de 4.000 euros. El incidente, que acabó con dos investigados, reabre un debate que en Galicia conviene mirar de frente: nuestra terra está repleta de patrimonio expuesto a riesgos parecidos.
De Granada a Compostela, hay poco trecho
Lo cierto es que el episodio granadino no es un caso aislado. En los últimos años se han documentado saltos sobre murallas, castillos y conjuntos amurallados en varios puntos de España, muchos de ellos grabados y difundidos en redes sociales con la búsqueda inevitable de viralidad. La combinación de monumentos accesibles, cámara de móvil y adrenalina resulta, de hecho, una fórmula peligrosa.
Y Galicia, precisamente por su riqueza patrimonial, es terreno abonado. Cabe recordar que la muralla romana de Lugo, Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000, es el único recinto fortificado romano completo del mundo que se conserva íntegro. Más de dos kilómetros de adarve que se pueden recorrer a pie, sin vallas en muchos tramos y con una pendiente que invita, a algunos, a la acrobacia.
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Conoce más →«Cualquier salto repetido sobre un muro de piedra de dos mil años genera microfracturas que, con el tiempo, se vuelven irreversibles», explica un técnico municipal de patrimonio de un concello gallego.
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Los guardianes de la muralla y de las torres
En Lugo, el concello mantiene una vigilancia constante sobre el monumento, con cámaras y personal de inspección, pero la realidad es que la muralla registra decenas de pequeños actos vandálicos al año, desde inscripciones hasta desplazamientos de piedras en lienzos laterales. Los accesos son múltiples, porque se trata de un monumento vivo que forma parte del trazado urbano, y esa apertura tiene su precio.
Algo parecido sucede en Catoira, donde las Torres de Oeste, declaradas Monumento Nacional en 1931, reciben miles de visitantes cada verano, sobre todo durante la Romería Vikinga. El conjunto, que fue clave para frenar las incursiones normandas en la ría de Arousa, carece de un control perimetral estricto y son frecuentes las quejas de vecinos por escaladas nocturnas y botellones entre las ruinas. Ahora bien, un control férreo choca con la filosofía de un espacio que siempre ha sido de acceso libre.
Y luego están los castros. Santa Trega, Baroña, Viladonga… la red de castros gallegos suma más de 3.000 yacimientos catalogados, aunque solo una veintena está acondicionada para visitas. El resto es territorio prácticamente desprotegido, donde cualquier muro de piedra puede convertirse en obstáculo de un salto grabado para TikTok.
¿Qué dicen las leyes?
La Ley de Patrimonio Cultural Gallego tipifica como infracción muy grave el deterioro de bienes culturales, con multas que pueden superar los 60.000 euros en los casos más severos. El problema, como casi siempre, está en la aplicación. Detectar a quien salta un muro al anochecer, identificarlo y sancionarlo es tarea complicada incluso en monumentos vigilados.
De hecho, fuentes del sector cultural reconocen que la mayoría de los daños en castros y fortificaciones se detectan a posteriori, cuando la piedra ya está dañada y el autor hace tiempo que se fue. La retranca popular lo resume bien: aqui todo el mundo ve, pero nadie vio nunca nada.
¿Y el deporte en todo esto?
Conviene no demonizar. El parkour es una disciplina con miles de practicantes en Galicia, con grupos consolidados en A Coruña, Vigo y Santiago, y sus propias comunidades internas rechazan los saltos sobre patrimonio protegido. Los clubes serios insisten en que el entrenamiento responsable busca entornos urbanos públicos, nunca monumentos históricos.
El problema es el mismo que con otros fenómenos: la deriva viral. Quien salta sobre la muralla de Lugo no busca entrenar, busca el vídeo. Y esa distinción, mal que pese, es la que los concellos deberían empezar a considerar a la hora de diseñar campañas de sensibilización y protocolos de vigilancia. Porque una cosa está clara: conservar dos mil años de historia cuesta menos que reconstruirla.
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