Dieciocho nuevos empleados se incorporan a la red de inspección sanitaria de Galicia. Su objetivo: acelerar los controles sobre las bajas laborales. La Xunta justifica esta medida por el creciente volumen de expedientes y la necesidad de reducir tiempos. La situación afecta especialmente a comarcas como O Salnés, A Mariña y el área de Vigo, donde ya se acumulan retrasos superiores a los 45 días en algunos casos.
Demasiado tiempo.
Un esfuerzo por la eficacia
Los 18 contratados se distribuirán entre centros de salud con mayor carga asistencial y oficinas de reconocimiento de incapacidad. No serán médicos, sino técnicos de apoyo administrativo y gestión documental. Su labor permitirá liberar a facultativos para que se centren en las visitas presenciales, las evaluaciones clínicas y el análisis de historias. Conviene recordar que cada año se tramitan en Galicia más de 120.000 bajas médicas de tipo común, y cerca de 18.000 de origen profesional. De ellas, un porcentaje minoritario, aunque significativo, requiere revisión por riesgo de prolongación indebida o incompatibilidad con el puesto de trabajo.
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Conoce más →A nadie se le escapa que el sistema ha estado bajo presión. Las listas de espera para la inspección médica han crecido desde 2022, tras años de recortes en plantilla y las bajas derivadas de la pandemia. En algunos puntos, como Pontevedra o Ferrol, los ciudadanos han denunciado haber tenido que esperar más de seis semanas para una revisión. Ahí está la clave: la credibilidad del sistema depende de su agilidad. Si las bajas se alargan sin control, se socava la confianza. Si los controles son lentos, se abren resquicios.
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Buscar dominio →¿Bajas justificadas o presión laboral?
Fuentes judiciales reconocen que en los últimos tres años se han elevado las denuncias por presunta manipulación de bajas. No se trata solo de casos aislados. Hay investigaciones abiertas en sectores con alta rotación o condiciones precarias, donde se ha detectado una sucesión anómala de incapacidades entre trabajadores. Tampoco es menor el dato de que el 78% de las bajas revisadas en 2023 fueron confirmadas, pero el 12% se redujeron o levantaron por falta de base clínica. Eso supone más de 2.000 expedientes ajustados o cerrados antes de tiempo.
En paralelo, crece la preocupación entre los profesionales sanitarios. Un responsable del sector señala que “cada vez se piden más informes, con menos recursos y más presión administrativa”. Médicos de familia en zonas rurales, como en Terra de Lemos o Allariz, admiten que dedican parte de su jornada a gestionar documentación de bajas, en detrimento de la atención directa. “No estamos para hacer de gestores, pero si no lo hacemos, nadie lo hace”, asegura.
Basta con mirar los datos de absentismo. En 2023, el promedio regional se situó en el 4,3%, por encima del 3,8% de 2019. Pero hay diferencias notables. En el sector servicios, especialmente en hostelería y comercio, alcanza el 6,1%. En la administración pública, baja al 3,2%. No parece casualidad que donde más inspecciones se solicitan sea precisamente donde más irregularidades se detectan.
Un sistema bajo tensión
El refuerzo no resolverá todo. Lo cierto es que 18 personas no revertirán una década de desinversión en salud laboral. Hace falta más: formación específica, digitalización real de expedientes, coordinación entre la consellería, la Seguridad Social y los servicios municipales. En Lugo, por ejemplo, ya se prueba un sistema piloto de intercambio de datos entre atención primaria y unidades de valoración. Los tiempos de respuesta han bajado un 35% en seis meses.
Pero ese modelo no está generalizado. En A Coruña, aún se manejan carpetas físicas. En Vigo, los informes a veces llegan con retraso por fallos en la plataforma común. Y en áreas pequeñas, como Ribadeo o Cee, apenas hay un facultativo para cubrir toda la comarca. Allí, la inspección es casi testimonial.
Fuentes
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