Las autoridades iraníes han anunciado la ejecución de Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi y Saeid Davudi, los tres primeros presos ajusticiados por su supuesta participación en las protestas antigubernamentales de enero. Los ahorcamientos tuvieron lugar en la ciudad santa de Qom, según el portavoz judicial estatal, que asegura que las sentencias fueron confirmadas por el Tribunal Supremo y que los procedimientos se completaron con presencia de abogados defensores.

Desarrollo de los hechos

Los condenados fueron hallados culpables, según la versión oficial, de haber atacado con armas blancas a dos agentes de seguridad el pasado 8 de enero en distintos puntos de Qom, causando su muerte. Las autoridades les imputaron el delito de moharebeh —enemistad contra Dios—, una figura legal que en Irán se utiliza para castigar delitos considerados contra la seguridad pública, el orden islámico y el espionaje, y que con frecuencia conlleva la pena capital.

El aparato mediático y judicial del régimen afirmó que los tres acusados también llevaron a cabo «acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos«, una acusación que en el imaginario oficial persigue a protestantes y a disidentes como si fuesen agentes de potencias extranjeras. Las confesiones de los condenados, según la agencia judicial Mizan, se produjeron durante las distintas fases del proceso y fueron utilizadas como prueba para sostener las condenas.

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«Las ejecuciones se produjeron después de que el Tribunal Supremo confirmara las sentencias y de que ‘se completaran los procedimientos legales, en presencia de abogados defensores’», informó la agencia estatal.

No obstante, organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos han recordado durante meses las dudas sobre la trasparencia de los juicios, la posibilidad de confesiones obtenidas bajo coacción y la frecuencia con la que se aplica la pena de muerte en procesos acelerados. A falta de imágenes o pruebas independientes, la versión oficial será, por ahora, la única disponible desde el interior del poder judicial iraní.

Contexto y antecedentes

Las ejecuciones llegan en el marco de una represión que ahogó las manifestaciones de enero, convocadas inicialmente con demandas sociales y que derivaron en exigencias políticas más amplias —algunas con lemas que pedían el fin de la República Islámica—. El Ejecutivo ofreció desde el principio una lectura securitaria del conflicto: protestas como actos de subversión con apoyo externo, que justificarían mano dura.

El balance oficial sobre aquella ola de represión habla de 3.117 muertos, cifra que difiere de las estimaciones de grupos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, que eleva las víctimas a más de 7.000 y continúa verificando alrededor de 11.000 casos adicionales. Del mismo modo, los números de detenciones son escalofriantes: HRANA ha estimado hasta 53.000 personas privadas de libertad en el contexto de las protestas.

Por otra parte, las ejecuciones en masa han marcado el último año en Irán. Según datos de la ONU, en 2025 se registraron alrededor de 1.500 ejecuciones, lo que supuso un incremento del 50% respecto al año anterior. Ese dato no solo sitúa a Irán entre los países con mayor recurrencia de la pena capital, sino que revela una política penal utilizada como herramienta política y de disuasión.

Repercusiones y próximos pasos

En el plano internacional se espera que los ahorcamientos generen nuevas condenas de ONG y gobiernos occidentales, aunque la capacidad de presión sobre Teherán es limitada y la respuesta del régimen suele ceñirse a denuncias por injerencia. Dentro del país, la ejecución de estos tres condenados busca, asimismo, enviar un mensaje disuasorio a quienes consideran reanudar movilizaciones o mantener redes de protesta clandestinas.

Las consecuencias no se limitarán a Irán. Entre las comunidades de la diáspora y los activistas en Europa existen ya movilizaciones y llamadas de alerta. En Galicia, como en otras regiones españolas, asociaciones de derechos humanos y colectivos estudiantiles han organizado en ocasiones concentraciones de solidaridad ante situaciones parecidas en otros países; la noticia de las ejecuciones obligará previsiblemente a nuevas convocatorias y a una mayor visibilización del conflicto en la agenda pública local.

Desde el punto de vista jurídico, la escalada de penas capitales plantea interrogantes sobre la posibilidad de recursos internacionales y sobre la influencia de organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, cabe recordar que la República Islámica ha resistido históricamente sanciones y reproches internacionales sin variar sustancialmente sus prácticas internas, especialmente cuando el poder interpreta que su supervivencia está en riesgo.

En las próximas semanas habrá que vigilar tres líneas: la reacción oficial de otros países y de las instituciones internacionales, la respuesta de la sociedad civil iraní —tanto dentro como fuera del país— y la evolución de los procesos judiciales pendientes contra otras personas vinculadas a las protestas de enero. Estos tres elementos marcarán si las ejecuciones son un punto final represivo o el preludio de una nueva fase de tensión.

Para los observadores, la muerte de Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi y Saeid Davudi no es solo una tragedia individual; es también un síntoma del uso persistente de la pena capital como instrumento político y de control social. En Galicia, donde la memoria de luchas sociales y la sensibilidad hacia las vulneraciones de derechos están presentes en las calles y en las universidades, la noticia resonará como un recordatorio de que la defensa de las libertades exige vigilancia constante y presión internacional coordinada.