La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil ha abierto diligencias que apuntan a posibles irregularidades en el Gobierno de Aragón en el marco de la investigación sobre el grupo Forestalia, tras el registro de las oficinas de la compañía en Madrid el pasado 3 de marzo de 2026. Los investigadores sitúan el foco en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y en actuaciones que podrían haber favorecido a promotores de renovables. En los registros, según fuentes policiales, se accedió a documentos vinculados a antiguos responsables públicos que ahora forman parte del ecosistema empresarial de las energías verdes.

Los agentes han incorporado al sumario «información correspondiente con presuntas irregularidades cometidas en el Gobierno de Aragón», y señalan que, de manera concreta, esos hechos se habrían producido en el seno del Inaga. La UCOMA subraya que muchos de los datos localizados en los registros serán objeto de análisis posterior antes de que se adopten decisiones procesales. El hallazgo reafirma la atención de la Benemérita sobre la relación entre la administración autonómica y la empresa investigada.

En los documentos intervenidos aparecen referencias a Carlos Ontañón, exdirector del Inaga entre 2003 y 2012 y, según la Guardia Civil, figura de especial relevancia en las pesquisas. Ontañón, que también desempeñó funciones como director general de Desarrollo Rural en el Gobierno de Aragón, dio el salto al sector privado y figura hoy en día vinculado a varias sociedades promotoras de proyectos de renovables pertenecientes al Grupo Forestalia. Los investigadores describen además que constan poderes de representación a su nombre en numerosas empresas dedicadas a la promoción energética.

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Fuentes de la investigación explican que, además de la documentación, han declarado testigos que ya habían aportado antes a la Guardia Civil indicios sobre relaciones entre responsables públicos y la compañía. Un testigo de máxima confianza, vinculado a la dirección de Forestalia, confirmó a los investigadores que existía una conexión informal que excedía los cauces oficiales y que podía condicionar decisiones administrativas. Esas afirmaciones refuerzan la hipótesis de que determinadas actuaciones públicas pudieron verse influenciadas por intereses comerciales.

Los registros en Madrid permitieron, según la UCOMA, acceder de forma remota a archivos personales y corporativos que conectan el periodo en la administración autonómica con la etapa posterior en el sector privado. La Guardia Civil considera relevante la cronología: reuniones y contactos mantenidos tanto cuando Ontañón era cargo público como después de su incorporación a Forestalia. Entre las reuniones citadas por los testimonios se alude a encuentros casi semanales de trabajo entre responsables de la empresa y directivos del Inaga.

En la investigación también figuran otras personas que durante distintos periodos ocuparon la dirección del Inaga y cargos de responsabilidad en el Ejecutivo aragonés. Así, los agentes han señalado la presencia de Jesús Lobera, exdirector del Inaga hasta 2023, en las reuniones con representantes de Forestalia, y la participación continuada de mandos que habrían mantenido interlocución frecuente con la compañía. Los investigadores sostienen que esa dinámica podría formar parte de un patrón sistemático de influencia.

Asimismo, los informes de la UCOMA incluyen alusiones a directivos de la propia Forestalia, entre ellos a Fernando Samper, en cuyo entorno se situó a la persona que ratificó los contactos y la existencia de mecanismos de presión y control sobre la administración. La Guardia Civil investiga ahora la intensidad y la naturaleza de esas relaciones para determinar si existieron procedimientos irrregulares o decisiones públicas adoptadas en favor de intereses privados.

Los antecedentes políticos de algunos de los implicados también han salido a relucir en la documentación. Alfredo Boné, figura citada en los antecedentes de la investigación por su implicación en la gestión ambiental en distintos momentos, aparece como otro de los nombres vinculados por los testimonios y las actas que los investigadores analizan. No obstante, las diligencias siguen en fase de instrucción y hasta ahora no se han formalizado imputaciones públicas contra cargos concretos derivadas de estas actuaciones.

Desde Forestalia y desde el ámbito autonómico se mantienen prudentes en las declaraciones públicas pendientes de que concluya el examen de las pruebas. La UCOMA ha advertido que los hechos localizados serán «analizados e informados con posterioridad», por lo que se espera que las próximas semanas arrojen mayor luz sobre la naturaleza de los documentos intervenidos y la posible existencia de responsabilidades. La investigación, por su alcance, mantiene en alerta a la administración aragonesa y al sector energético.

La causa por la supuesta trama en torno a Forestalia se integra así en una pesquisa más amplia sobre la relación entre empresas de renovables y administraciones territoriales. Los agentes proseguirán con la toma de declaraciones y la pericial de la documentación intervenida antes de que el juez adopte medidas adicionales, mientras el sector público y político de Aragón afronta el escrutinio de unas diligencias que pueden tener consecuencias institucionales y penales en caso de confirmarse irregularidades.