El Segundo Tribunal Militar del Distrito Occidental de Rusia condenó este jueves a perpetua a cuatro">cadena perpetua a cuatro ciudadanos de Tayikistán por el atentado contra la sala de conciertos Crocus City Hall, cometido en marzo de 2024 en las afueras de Moscú y que se saldó con 150 muertos. Los jueces consideraron probada la autoría y la colaboración en un ataque que las autoridades atribuyen a la rama Jorasán del Estado Islámico. La sentencia, dictada en Moscú tras un juicio que se celebró desde agosto de 2025, responde a una investigación que detalló la planificación, el suministro de armas y la logística del ataque. Las condenas buscan también fijar responsabilidades penales y civiles por los daños causados a las víctimas.

El tribunal impuso la pena máxima, cadena perpetua, a los cuatro acusados que actuaron como autores materiales: Shamsidin Fariduni, señalado como el responsable principal, y los otros tres condenados, Dalerdzhon Mirzóyev, Murodali Rachabalizoda y Mujammadsobir Faízov. Según la acusación, los cuatro descargaron fuego contra los asistentes al concierto del grupo Picnic con varios fusiles automáticos y una pistola, y provocaron además un incendio tras explosiones que agravó la tragedia. La sala, situada en Crocus City Hall, celebraba un concierto con miles de asistentes cuando se desencadenó el ataque en marzo de 2024.

Además de los cuatro condenados a perpetuidad, otros 15 imputados fueron juzgados por su implicación como cómplices: once de ellos recibieron también cadena perpetua y cuatro fueron sentenciados a penas de entre 19 años y 11 meses y 22 años y medio. El tribunal atribuyó a los primeros la entrega de armas, munición y dinero a los atacantes, y a los últimos la ayuda logística, entre ella el alquiler de un piso, la venta del vehículo utilizado en la acción y la tentativa de fuga posterior.

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En la sentencia se fijó además una responsabilidad civil: los 19 condenados deberán responder por los daños materiales y morales reclamados por las víctimas. La fiscalía cuantificó esas indemnizaciones en 200 millones de rublos, mientras que a los cuatro autores materiales se les impusieron multas adicionales por importe que ronda los 990.000 rublos. Las cantidades buscan cubrir tanto perjuicios emocionales como pérdidas directas derivadas del atentado.

La investigación, según fuentes oficiales, detalló que los asaltantes habían adquirido para la acción tres fusiles Kaláshnikov, una pistola Makárov y más de 1.300 cartuchos, con los que abrieron fuego contra el público. El proceso judicial, iniciado en agosto de 2025, incluyó declaraciones de los acusados que en muchos casos asumieron responsabilidad total o parcial, y pruebas periciales sobre la cadena de suministro de armas y la planificación operativa del ataque.

El Estado ruso sostiene que todos los implicados pertenecían a ISIS-K, la rama del Estado Islámico conocida como Jorasán, que opera en Afganistán, Pakistán, Irán, la India y, según las autoridades, ha extendido su influencia hasta enclaves en Rusia. Informes del juicio señalaron que el principal acusado, Fariduni, había recibido instrucción en el extranjero y que antes del atentado había pasado por prisión en Tayikistán por delitos menores.

La defensa de los condenados anunció su intención de recurrir la sentencia y calificó las penas de «muy duras», argumento que previsiblemente llevará a instancias superiores del sistema judicial ruso. En paralelo, la resolución ha reabierto el debate político en Moscú sobre la respuesta penal al terrorismo: algunos parlamentarios y dirigentes de partidos han reclamado medidas más severas, incluyendo llamados públicos a restaurar la pena de muerte para crímenes especialmente graves, una reclamación rechazada por los defensores de la moratoria vigente desde hace décadas.

El atentado de Crocus City Hall fue calificado por las autoridades rusas como el ataque más grave en el país desde 2004 y dejó una cicatriz profunda en la sociedad. Más allá del veredicto penal, la prioridad de las familias de las víctimas y de los servicios de emergencia sigue siendo el reconocimiento del sufrimiento y la reparación, así como la prevención de futuros actos violentos mediante la coordinación internacional en materia de seguridad y control de redes extremistas.