La Justicia reabre en Vigo el caso de una menor de 14 años que quedó embarazada de su pareja, de 21

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha ordenado reabrir las diligencias sobre el embarazo de una chica de 14 años en Vigo, que dio a luz a una niña fruto de su relación con un joven de 21. El tribunal instruye al juzgado de Violencia sobre la Mujer de la ciudad olívica para que practique pruebas biológicas que confirmen la paternidad del recién nacido y profundice en una causa que había sido provisionalmente archivada.

Difícil imaginar un escenario más complejo para cualquier operador jurídico. Una niña que se convierte en madre a los 14 años. Un presunto padre mayor de edad que ejerce su derecho a no declarar. Una familia dividida entre quien denuncia y quien prefiere mirar hacia otro lado. Y encima, un juez que decide cerrar el caso por insuficiencia probatoria. Ahora, la Audiencia ha dado un vuelco a todo ello.

Un archivo judicial que duró meses

Conviene recordar cómo se llegó hasta este punto. El asunto conoció la luz cuando la menor quedó embarazada de quien entonces era su pareja sentimental, un joven de 21 años. La diferencia de edades —siete años de distancia— situaba el caso de lleno en el terreno del delito de agresión sexual a menor de 16 años, tipificado en el Código Penal. Sin embargo, el magistrado titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo acordó el sobreseimiento provisional.

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El motivo no era arbitrario. La chica se acogió a la dispensa legal que le permite no declarar contra su pareja, un derecho diseñado para proteger vínculos familiares pero que, en supuestos como este, funciona como un muro procesal casi insalvable. A ello se sumó la negativa de la madre de la menor a presentar denuncia formal. Y, del otro lado, el joven investigado optó por guardar silencio, como faculta la ley a cualquier persona sentada en el banquillo.

Triple bloqueo. Tres vías de acceso a la verdad judicial cerradas de golpe. El juez lo interpretó como imposibilidad material de seguir investigando. No parece descabellado en términos estrictamente procesales. Pero quedaba una pregunta flotando: ¿es suficiente con que nadie quiera hablar para cerrar un caso que involucra a una niña de 14 años?

El padre de la menor, motor de la reapertura

Ahí está la clave de todo. El padre biológico de la chica, en desacuerdo con la decisión del juzgado, decidió no conformarse. Presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra solicitando que las diligencias se reanudaran. Su argumento caló en la sala. En un auto fechado el 11 de mayo, los magistrados estimaron su petición y ordenaron al juzgado vigués que reabriera las actuaciones.

No es menor el dato de que sea el padre quien tire del carro procesal en un entorno donde la propia menor y su madre habían optado por el silencio. La dinámica familiar en estos supuestos suele ser todo menos lineal. A nadie se le escapa que los embarazos en edades tan tempranas conllevan, casi por definición, una asimetría de poder considerable entre las partes. Precisamente por eso la legislación vigente establece que por debajo de los 16 años no existe capacidad legal para prestar consentimiento válido en relaciones sexuales. La ley es categórica. Lo que ocurre después, en el día a día de los tribunales, ya es otra historia.

La Audiencia, según recoge la resolución, valora que la menor dispone de capacidad intelectual suficiente como para poder ser evaluada en el marco de la investigación. Ese extremo abre la puerta a explorar nuevas vías de obtención de pruebas más allá de la declaración directa, que hasta ahora era el único cauce y quedó bloqueado por la dispensa.

Pruebas biológicas y la sombra de la paternidad

Lo cierto es que el embarazo y el posterior nacimiento transformaron por completo el escenario probatorio. La menor tuvo una hija. Y esa criatura es, potencialmente, la prueba biológica más contundente que puede existir en un caso de estas características. Por