La normalización del caos ferroviario en Galicia

Existe un punto en el que la incompetencia sistémica deja de ser noticia para convertirse en rutina. Cuando los servicios ferroviarios fallan de manera reiterada, el usuario deja de exigir soluciones estructurales y se limita a sobrevivir al día a día. Lo que en cualquier país con una red de cercanías mínimamente digna provocaría una crisis institucional, en nuestro entorno se disuelve en un suspiro de conformidad. El problema no es solo que los trenes no lleguen, sino que ya no nos extrañe que no lo hagan.

De la indignación a la adaptación forzosa

La psicología colectiva ante los servicios públicos deficientes tiene fases muy definidas. La primera es la ira, seguida de la reclamación, la protesta organizada y, finalmente, la aceptación pasiva. El transporte por ferrocarril en el noroeste peninsular lleva años asentado en esta última etapa. Los viajeros han interiorizado que su tiempo de espera en un andén no es un derecho que se vulnera, sino una lotería en la que a veces se tiene suerte.

Esta dinámica se agrava cuando las incidencias se producen en jornadas laborables ordinarias. No hablamos de fenómenos meteorológicos extraordinarios ni de averías técnicas imprevisibles. La causa subyacente que arrastra a la red es una gestión deficiente de los recursos humanos, un desajuste crónico que las administraciones competentes parecen incapaces de resolver a pesar de contar con los datos necesarios con meses de antelación.

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El autobús como plan B institucionalizado

Resulta revelador observar cómo se articulan las alternativas cuando el ferrocarril colapsa. La sustitución por carretera se ha convertido en un mecanismo de emergencia tan automatizado que las propias compañías disponen de protocolos preestablecidos para activarlo. Esto significa que el fallo no se contempla como una excepción, sino como una variable estadística prevista en la operativa diaria.

El usuario termina agradeciendo que al menos le ofrezcan una solución de sustitución, sin cuestionar por qué debe viajar en un vehículo distinto al que pagó.

Este trasvase de pasajeros al transporte por carretera genera efectos colaterales que rara vez se cuantifican. Se incrementa la siniestralidad vial, se elevan las emisiones contaminantes y se pierde el sentido mismo de la apuesta por el ferrocarril como eje vertebrador y sostenible del territorio. Cada autobús que aparca en las inmediaciones de una estación para recoger viajeros frustrados es un pequeño fracaso de la planificación estratégica.

Un modelo comparado que avergüenza

Si trasladamos estos estándares de calidad a otros sectores, la magnitud del absurdo se hace evidente. Imaginemos una línea aérea que cancelara un porcentaje similar de sus vuelos diarios y respondiera enviando autobuses a los aeropuertos. O un hospital que, ante la falta de personal, derivara sistemáticamente a los pacientes a centros de otras provincias en furgonetas. La alarma social sería absoluta.

Con el tren de cercanías y media distancia, sin embargo, se aplica una tolerancia que escapa a cualquier lógica. La diferencia radica en quién sufre las consecuencias. Los afectados por este tipo de disfunciones son mayoritariamente trabajadores periféricos, estudiantes y personas con menor capacidad de hacer oír su voz en los medios de comunicación. No son los grandes decisores empresariales ni los políticos que diseñan los presupuestos, por lo que la presión sobre la cadena de mando se diluye.

La responsabilidad de la normalización

Culpar al viajero de su resignación sería injusto. Cuando un ciudadano comprueba que presentar quejas formales no genera cambios, que las redes sociales del operador responden con mensajes genéricos y que las promesas electorales sobre la mejora de la red se quedan en papel, la rendición es la única respuesta racional ante lo irracional.

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