Los ayuntamientos gallegos no han conseguido poner en marcha de forma generalizada el sistema de pago por generación previsto en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, cuyo periodo de adaptación expiró en abril de 2025. La galiciauniversal.org/afectados-por-covid-persistente-exigen-a-la-xunta-un-protocolo-que-reconozca-la-afeccion-como-enfermedad/" title="Xunta">Xunta reconoce que tan solo una «minoría muy reducida» de concellos está avanzando hacia la implantación, debido sobre todo a la complejidad técnica y organizativa que exige el nuevo modelo. La normativa, aprobada en abril de 2022, obliga a repercutir en hogares y comercios el coste real de la recogida, transporte y tratamiento en función del volumen producido. En Galicia, como en otras comunidades, esa transición sigue siendo, a día de hoy, mayoritariamente testimonial.

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático admite que la gestión de los residuos figura entre los ámbitos “más complejos” de la administración local y que la adaptación no depende solo de la voluntad de los gobiernos municipales. En mayo de 2025 la Xunta creó la Oficina de Economía Circular para monitorizar la adaptación de los ayuntamientos y recabar información sobre el grado de implantación. Los datos recopilados por esa oficina muestran que la mayor parte de los municipios están todavía en fases iniciales y que solo unos pocos han desarrollado los sistemas necesarios para penalizar o bonificar en función de la generación real de residuos.

La transición exige inversiones y cambios operativos que exceden las capacidades de muchos consistorios pequeños: digitalización de la gestión, sistemas de identificación de usuarios para vincular la basura a cada vivienda o comercio, herramientas de control operativo y la elaboración de nuevas estructuras tarifarias. Estos elementos son imprescindibles para aplicar un sistema que, en términos prácticos, supone cobrar en función de la cantidad de basura que se produce. Para municipios con servicios externalizados, plantillas reducidas y limitados recursos técnicos, el diseño y la ejecución de esos cambios resultan especialmente costosos.

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En el arco temporal fijado por la ley no se han desplegado de forma homogénea los contenedores, la infraestructura de pesaje ni las plataformas informáticas que permiten medir y facturar la generación individualizada. Legisladores y responsables autonómicos y locales han señalado la necesidad de un mayor apoyo técnico y financiero desde las administraciones superiores para afrontar la reforma. La Xunta sostiene que su oficina realiza un seguimiento continuo, pero los plazos legales ya han vencido y la adaptación plena queda, por ahora, lejos de cumplirse.

La ralentización no es exclusiva de Galicia: el retraso en la implantación del pago por generación se reproduce en distintas comunidades autónomas, lo que evidencia limitaciones estructurales a nivel nacional. Entre los problemas recurrentes figuran la resistencia política y social a aumentar la factura municipal, el debate sobre criterios de equidad entre hogares y comercios y la complejidad de diseñar tarifas que discriminen por volumen sin generar efectos perversos. Además, la coordinación supramunicipal —a través de consorcios o mancomunidades— resulta clave para sacar economía de escala, pero su despliegue no siempre es sencillo.

Para los ciudadanos, la reforma persigue introducir criterios de justicia y eficiencia: que quien más residuos genera pague más y que se incentive la reducción, la reutilización y el reciclaje. Sin embargo, en la práctica la mayoría de los vecinos gallegos todavía no han visto cambios en sus recibos ni en la operativa habitual de recogida. Los municipios que han avanzado suelen ser los más grandes o aquellos integrados en consorcios con mayor capacidad técnica, donde se han podido implantar sistemas de identificación y de control del residuo de forma prioritaria.

Entre las medidas que plantean expertos y responsables figuran la creación de planes regionales de apoyo técnico, líneas de financiación específicas con fondos autonómicos o europeos y programas formativos para las plantillas municipales. Estas iniciativas podrían facilitar la transición en los municipios más pequeños, cuya dispersión geográfica y menor densidad poblacional complican la implantación de tecnología de control y medición. Sin un plan coordinado de impulso y financiación, la fragmentación actual amenaza con ralentizar aún más el cumplimiento efectivo de la ley.

La obligación legal permanece vigente y el calendario marcado por la normativa estatal no admite excepciones por tamaño municipal, recuerdan desde la Xunta, que mantiene su seguimiento a través de la Oficina de Economía Circular. A corto y medio plazo, la puesta al día del sistema dependerá de la colaboración entre administraciones, la generación de recursos y la capacidad para desplegar soluciones tecnológicas ajustadas a la diversidad de realidades locales. Mientras tanto, la promesa de un sistema de residuos más justo y eficiente sigue chocando con la realidad de una implantación incompleta en Galicia.