El Ministerio de Sanidad ha hecho público el informe anual sobre agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud correspondiente a 2025, que recoge un total de 18.563 incidentes notificados en todo el país. La mayor parte de los ataques se produjeron en centros de Atención Primaria, que concentran aproximadamente la mitad de los casos, y el informe atribuye la persistencia del problema a la creciente tensión en la asistencia y a episodios de confrontación verbal y física en consultas y urgencias. Los datos, remitidos por las comunidades autónomas, reflejan un incremento interanual que, aunque moderado respecto al año anterior, mantiene la tendencia alcista. El informe apunta a la necesidad de medidas preventivas y de protección del personal sanitario.

En términos relativos, las cifras divulgadas indican una tasa de 24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales y un aumento de 1.493 casos con respecto a 2024, lo que supone un alza del 8,74%. El crecimiento, según el documento, es inferior al registrado entre 2023 y 2024, cuando la subida fue del 15,74%, lo que sugiere una desaceleración del ritmo pero no una reversión de la tendencia. Los datos se han recopilado a partir de las notificaciones que realizan las distintas administraciones sanitarias autonómicas al Ministerio.

El carácter de las agresiones es mayoritariamente no físico: el 84,5% de los incidentes comunicados corresponden a insultos, amenazas o conductas intimidatorias, mientras que el resto son agresiones físicas. Entre las categorías profesionales, los médicos han alcanzado un registro histórico, con 879 ataques notificados a lo largo de 2025, cifra que pone de relieve la vulnerabilidad de quienes atienden situaciones de alta presión. Un testimonio incluido en el informe describe la angustia que generan estos episodios, con profesionales que buscan protegerse frente a la violencia en escenarios clínicos.

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Por niveles asistenciales, la Atención Primaria concentra el 51% de los episodios registrados y la Atención Hospitalaria el 47%, quedando las emergencias extrahospitalarias en un porcentaje menor. Esta distribución confirma que los centros de salud, por su condición de puerta de entrada al sistema y por el volumen de contactos cotidianos, son escenarios privilegiados de conflicto. La alta prevalencia en consultas y salas de espera pone de manifiesto las malas condiciones de accesibilidad y las demoras como factores de tensión entre usuarios y profesionales.

La dimensión de género del problema también es patente: el 80% de las agresiones notificadas afectaron a mujeres, proporción que guarda relación con la composición de la plantilla sanitaria, en la que alrededor del 76% son profesionales femeninas. En cuanto a la edad, la mayor parte de los casos se concentra entre los 25 y los 55 años, siendo el tramo de 25 a 35 años el que registra más notificaciones, lo que apunta a cómo la violencia incide en la cohorte de profesionales en fases tempranas o intermedias de su carrera.

Por categorías, el personal facultativo y el de enfermería son los colectivos más afectados, una circunstancia explicable por su contacto directo y sostenido con pacientes y acompañantes. En la mayoría de los episodios la agresión parte del propio usuario o paciente, que representa el 71% de los casos notificados, mientras que familiares o acompañantes aparecen en el 29% restante. En las agresiones en las que se identifica el sexo del agresor, el 57% corresponden a varones y el 43% a mujeres.

El informe subraya las consecuencias de este clima de hostilidad sobre la salud laboral, el absentismo y la calidad asistencial, y plantea la conveniencia de reforzar protocolos de prevención, formación en manejo de conflictos y mecanismos de denuncia y apoyo a las víctimas. Organizaciones profesionales y sindicatos llevan tiempo reclamando medidas más contundentes que incluyan seguridad en centros, acciones formativas y mayor protección legal, argumentos que recuperan peso ante la persistencia de la cifra anual.

A pesar de la moderación en la tasa de crecimiento, la cifra de 2025 confirma que la violencia contra los profesionales sanitarios sigue siendo un problema estructural del sistema sanitario español. El reto que plantea el informe es doble: mitigar los factores que generan conflicto en la atención y mejorar la respuesta institucional para proteger a quienes atienden a la población en condiciones cada vez más exigentes.