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La vuelta de Lecer reabre un debate de fondo

La vuelta de Lecer reabre un debate de fondo

No basta con recuperar la rutina

La reanudación de las actividades de Lecer supone un alivio inmediato para miles de personas que llevaban demasiado tiempo viendo cómo se apagaba una parte importante de la vida comunitaria de la ciudad. Volver a ocupar aulas, talleres y espacios de encuentro tiene un valor que va mucho más allá del entretenimiento: para muchas familias, para numerosos mayores y para quienes habían encontrado en estas propuestas una red cotidiana, el regreso significa recuperar hábitos, vínculos y estabilidad. Pero conviene no confundirse. Que el servicio vuelva a arrancar no equivale a que el problema esté resuelto.

La noticia relevante no es solo que las clases hayan vuelto. La cuestión de fondo es otra: qué ocurre cuando un programa municipal con fuerte implantación social queda suspendido durante meses y solo puede retomarse mediante una solución transitoria. Ahí aparece la verdadera dimensión pública del asunto. No estamos ante una simple incidencia administrativa ni ante una molestia pasajera para usuarios puntuales. Estamos ante la fragilidad de un modelo que, cuando falla, deja a mucha gente sin una actividad que formaba parte de su semana, de su salud emocional y de su relación con el barrio.

En ese punto, la satisfacción por la reapertura convive con una sensación menos amable: la de que el regreso llega tarde, parcheado y sin garantías de estabilidad duradera. La ciudad recupera movimiento en sus centros, sí, pero también arrastra una pregunta incómoda. ¿Cómo ha podido llegar un servicio tan extendido a una situación en la que su continuidad dependa de medidas provisionales?

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Un servicio público que afecta a la cohesión social

Programas como Lecer suelen analizarse desde una óptica menor, como si fueran un complemento simpático en la agenda municipal. Ese enfoque se queda corto. Las actividades culturales, formativas y de ocio organizadas desde lo público cumplen una función social de primer orden: combaten la soledad, favorecen el envejecimiento activo, ofrecen alternativas asequibles y sostienen una convivencia que no siempre se mide en cifras, pero sí se nota cuando desaparece. Cuando se interrumpen, el vacío no es abstracto. Se percibe en la rutina de los usuarios, en el ánimo de quienes participan y en la vida de los equipamientos municipales.

Por eso, el debate no debería limitarse a si las clases ya se han retomado o a quién corresponde cargar con la culpa política inmediata. El interés público exige ir un paso más allá. Hace falta revisar si los mecanismos de contratación, supervisión y respuesta han estado a la altura de un servicio que afecta a un volumen tan amplio de ciudadanía. Cuando una actividad municipal queda en suspenso durante tanto tiempo, el problema no puede despacharse como si fuera una avería cualquiera.

La dependencia de contratos temporales o fórmulas de emergencia deja, además, una señal inquietante: la normalidad puede ser reversible. Los usuarios regresan, pero lo hacen bajo una solución que no transmite precisamente solidez. Y eso erosiona la confianza. En la práctica, se le está diciendo a la ciudadanía que el servicio vuelve, aunque todavía no se sabe si lo hace sobre una base estable o sobre una tabla improvisada.

La experiencia reciente en distintos ayuntamientos demuestra que, cuando la prestación de servicios socioculturales se apoya en estructuras débiles, las consecuencias terminan cayendo sobre quienes menos capacidad tienen para absorberlas. Los responsables políticos discuten, las empresas se señalan entre sí y los trámites avanzan con lentitud, pero el coste real lo pagan los usuarios y los profesionales que sostienen la actividad diaria.

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Miguel Ángel Vázquez

Redactor especializado en economía y empresas. Cubre la actualidad económica de Galicia y España para Galicia Universal.

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