La Xunta demanda al Gobierno por el expediente europeo de la AP-9

La Xunta de Galicia ha dado un paso sin precedentes: presentó formalmente la demanda ante la Audiencia Nacional para exigir al Gobierno central la entrega del expediente que Bruselas abrió sobre la prórroga de la concesión de la AP-9. La medida, anunciada por el presidente Alfonso Rueda este lunes tras el Consello, responde a meses de silencio ministerial. Pese a hasta cuatro solicitudes, el Ministerio de Transportes se negó a entregar la documentación. El dato clave: la Comisión Europea podría exigir a Galicia el pago de hasta 1.200 millones por una concesión que no negoció.

Los hechos

El escrito de demanda fue presentado tras la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo que la Xunta interpuso en marzo. Todo arrancó en enero, cuando la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas envió un requerimiento formal al Ministerio, amparándose en el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Pedía copia íntegra del expediente de infracción de Bruselas y de las alegaciones presentadas por España. La respuesta llegó el 17 de febrero: una resolución firmada por el secretario de Estado de Transportes, David Grimaldi, que denegaba el acceso. “No hay motivo justificado”, dijeron fuentes del sector.

La negativa desató la alarma en Santiago. Rueda insistió en que conocer ese documento es “imprescindible” mientras el Congreso debate el traspaso de la AP-9 a Galicia. “Asumir la titularidad sin saber lo que hay sobre la mesa es una irresponsabilidad”, afirmó. Y advirtió: el acuerdo entre PSOE, Sumar y BNG en Madrid incluye transferencia, pero no garantiza los recursos para hacer frente a eventuales sanciones. “Nos quieren colgar el mochuelo”, señaló un alto cargo de la Consellería bajo condición de anonimato.

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La consecuencia inmediata es clara: el conflicto institucional escaló a los tribunales. La Audiencia Nacional ya tiene el caso en sus manos. Si la Xunta gana, el Gobierno deberá entregar toda la documentación. Si pierde, Galicia podría quedarse a ciegas en una negociación clave. Difícil encontrar peor momento: la autopista genera más de 200 millones anuales en peajes, y su gestión afecta a 12 comarcas litorales.

Contexto y antecedentes

Este enfrentamiento no cae del cielo. Desde 2020, Bruselas investiga si la prórroga de 15 años concedida a la AP-9 por el Gobierno central viola las normas de ayudas estatales. La Xunta no participó en esa decisión. Sin embargo, ahora se le pide que asuma no solo la infraestructura, sino también los posibles costes derivados. “Es como si te obligaran a firmar una hipoteca que otro contrajo”, afirmó un jurista de la Universidad de Santiago, que pidió no ser citado.

El Parlamento gallego aprobó por unanimidad en 2023 un acuerdo exigiendo que cualquier traspaso incluya financiación suficiente y acceso total al expediente europeo. Pero el pacto entre partidos en Madrid, presentado como “histórico”, ignora buena parte de esas condiciones. No se incluyen cláusulas de salvaguarda ni fondos específicos para contingencias. Y eso, en palabras de un responsable del área económica de la Xunta, “cambia radicalmente el riesgo para Galicia”. La cifra habla por sí sola: 1.200 millones son más del 10 % del presupuesto autonómico anual.

Perspectiva y futuro

El conflicto trasciende lo jurídico. Apunta a un modelo de Estado en el que las decisiones centrales tienen consecuencias directas en las comunidades, sin su consentimiento ni compensación. Ahí está la clave: si el Gobierno central puede tomar decisiones que comprometen económicamente a Galicia sin consultarla, ¿qué límites hay? La AP-9 no es un caso aislado. La N-550, el AVE o el puerto de Marín han generado tensiones similares. Pero esta vez hay un precedente europeo encima.

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