La Xunta se adhiere al recurso contra la indemnización a la familia Franco y reclama al Gobierno el uso y la gestión del Pazo de Meirás

La Xunta acordó este lunes, en la reunión ordinaria del Consello, sumarse al posible recurso destinado a evitar que la familia del dictador cobre una indemnización por la entrega del Pazo de Meirás al patrimonio público. Además, el Ejecutivo autonómico instará al Gobierno central a ejecutar de inmediato las obras de mantenimiento necesarias para abrir todo el edificio al público y, una vez concluidos los trabajos, transferir a Galicia la gestión del inmueble mediante una cesión de uso o el traspaso de la titularidad.

La Xunta se suma al pulso jurídico y administrativo

La decisión, anunciada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, busca atajar la posibilidad de que los herederos del dictador reclamen una compensación económica tras las resoluciones judiciales que han declarado nula la donación de 1938 y han ordenado la restitución del pazo al patrimonio público. El Ejecutivo autonómico insiste en que no se abone «ni un solo euro» si ello supone premiar lo que para muchos es un expolio.

En la rueda de prensa posterior al Consello, Rueda subrayó la voluntad de la Xunta de recuperar el inmueble «para uso de la ciudadanía» con un proyecto centrado en la cultura gallega contemporánea y en la propia historia del edificio. Sus palabras, en las que mezcló el interés por la figura literaria de Emilia Pardo Bazán y la memoria histórica, fueron expresadas en gallego:

«Facerlle honra e poñer de manifesto a historia do Pazo».

Rueda añadió que no ve incompatibilidad entre mantener la huella literaria de Pardo Bazán y abordar la memoria de la represión franquista: «Unha cousa non é excluínte da outra», dijo. La Xunta defenderá en Madrid la fórmula administrativa más adecuada —cesión de uso o traspaso de titularidad— para que la gestión pase a manos gallegas en cuanto sea posible.

Además de sumarse al recurso jurídico, el Gobierno autonómico solicita al Ejecutivo central que emprenda con carácter urgente las obras necesarias para garantizar la seguridad del edificio, su conservación y la apertura de la totalidad de sus estancias al público. La idea es que la ciudadanía pueda visitar el pazo como lugar de memoria y también como espacio cultural, evitando que la necesidad de conservación sirva de excusa para limitar el acceso.

Un conflicto con raíces históricas y judiciales

El Pazo de Meirás, enclavado en el término municipal de Sada, es un edificio de finales del siglo XIX promovido por la propia Emilia Pardo Bazán. Durante la dictadura se convirtió en residencia estival de Francisco Franco tras una donación de 1938 que la Justicia ha declarado nula. Tras años de litigio, las distintas sentencias han dado la razón a la Administración, que en 2019 presentó la demanda para incorporar el pazo al patrimonio público; la acción judicial contó desde el principio con el respaldo de la Xunta, de los ayuntamientos de A Coruña y Sada, y de la Diputación de A Coruña.

La reciente polémica se centra en la interpretación y consecuencias de esas resoluciones: además de restituir la titularidad del inmueble, los herederos han planteado reclamaciones económicas por la cesión y el uso durante décadas, lo que ha llevado a abrir la vía a indemnizaciones que algunas fuerzas políticas consideran inapropiadas. El pronunciamiento del Tribunal Supremo marcó un punto de inflexión al aclarar la nulidad de la donación y al propiciar, en última instancia, el debate sobre la eventual compensación económica.

En la mañana de hoy, la portavoz del BNG, Ana Pontón, se reunió en el Pazo do Hórreo con representantes de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica y pidió que el Parlamento gallego adopte una declaración institucional unánime para rechazar cualquier pago a la familia Franco. Pontón calificó de «compensar a quen roubou e expoliou» la mera idea de indemnizar y reclamó además una investigación amplia sobre el expolio patrimonial que, a su juicio, trasciende el caso de Meirás.

Repercusiones políticas y próximos pasos

La decisión de la Xunta introduce un nuevo elemento en la ya compleja ecuación política y jurídica. Por un lado, obliga al Gobierno central a dar una respuesta técnica y política sobre quién asume las obras y cómo se articularía la cesión o transferencia. Por otro, refuerza el discurso de las formaciones y colectivos que entienden el pazo como un símbolo de impunidad frente al expolio del patrimonio durante la dictadura.

En la práctica, la adhesión de la Xunta al recurso puede tener dos efectos opuestos: ralentizar la ejecución de cualquier pago hasta que la vía judicial esté agotada o, en cambio, politizar aún más un asunto que ya ha entrado en la arena pública. A esto se suma la presión que supone solicitar a Madrid una transferencia de gestión; no es lo mismo negociar una cesión de uso, temporal y con condiciones, que un traspaso definitivo de la titularidad, que implica responsabilidades a largo plazo en conservación y programación.

Los próximos días serán clave. El Parlamento gallego inicia un pleno en el que está previsto debatir la petición de unanimidad impulsada por el BNG; la cita servirá también para medir la capacidad de acuerdo entre los grupos sobre un asunto que en 2017 logró la unanimidad de la Cámara, como recordó Pontón. En paralelo, la Xunta avanzará en la interlocución con el Ejecutivo central para concretar plazos de obras y fórmulas administrativas.

Más allá del calendario institucional, lo que está en juego es la manera en que Galicia afronta su patrimonio conflictivo: la reconciliación entre memoria y uso público, la preservación arquitectónica y la oferta cultural. La casa de veraneo de un dictador no es sólo un edificio; es un monumento complejo que obliga a decidir si se prioriza la restitución simbólica, la gestión cultural o la reparación material. La Xunta ha marcado ya su posición: no quiere que la palabra «indemnización» sea la nota final de una larga controversia. Lo que falta por ver es si esa posición servirá para acelerar la apertura completa del pazo a la ciudadanía o, por el contrario, para prolongar una disputa que, hasta ahora, ha pasado por los tribunales y ahora se instala en el terreno político.