Las asociaciones de víctimas de pederastia han solicitado una reunión con el presidente del PP para instarle a que su partido apoye la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores que se debate en el Congreso. En una carta remitida en marzo de 2026, reclaman ser recibidas por la dirección del partido ante la preocupación por una enmienda presentada por los populares que limitaría la no prescripción. El escrito, al que ha tenido acceso la prensa, fue firmado por los impulsores de la norma catalana conocida como de «derecho al tiempo» y por denunciantes de casos históricos.

El envío de la misiva se atribuye a un grupo que lidera Miguel Hurtado, primer denunciante del conocido como ‘caso Montserrat’, que pide una cita personal con Alberto Núñez Feijóo y su equipo. Los remitentes explican que buscan un encuentro similar al que mantuvieron con el presidente del Gobierno y el Ministerio de Justicia tras la presentación de un acuerdo con la Iglesia para crear un mecanismo extrajudicial de reparación. La comparecencia ante la dirección del PP pretende trasladar la urgencia de una ley que, según ellos, debe garantizar que los delitos sexuales sobre menores no prescriban.

El proyecto original impulsado en el Parlament catalán pretende declarar la imprescriptibilidad absoluta de estos delitos y ha pasado a tramitarse en el Congreso porque modifica el Código Penal. La enmienda del PP rechaza esa aspiración y plantea plazos concretos para presentar denuncias: en casos de violación durante la infancia, la propuesta establece un límite hasta los 60 años, que se amplía a 65 en los supuestos de mayor gravedad. Para agresiones sin penetración a adolescentes de 16 y 17 años, la iniciativa de los populares rebaja ese tope a los 50 años.

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Las organizaciones de víctimas advierten de que convertir la norma en una mera ampliación de plazos sería insuficiente y podría dejar sin resolver las demandas de reparación, trasladando el conflicto a legislaturas futuras. En su carta recuerdan que una reforma previa, la conocida como ‘ley Rhodes’, ya amplió plazos en la anterior sesión parlamentaria hasta rangos entre los 40 y los 55 años, según la gravedad del hecho, y consideran que aquella medida no resolvió la cuestión de fondo. Por eso insisten en que solo la imprescriptibilidad plena garantizaría justicia para quienes sufrieron abusos en la infancia.

Además de reclamar el respaldo del PP, las víctimas instan a los populares a alcanzar un pacto de Estado con el PSOE, que oficialmente defiende la imprescriptibilidad pero ha presentado enmiendas que rebajan el alcance de la iniciativa catalana. Los socialistas limitan la imprescriptibilidad a los delitos de violación cometidos contra menores de 18 años y mantienen plazos para otros tipos de agresión sexual: las agresiones sin penetración a jóvenes de 16 y 17 años prescribirían cuando la víctima alcance los 50 años, y para menores de 16 años, a los 55 años.

El colectivo también recrimina al PP lo que califica de contraposición entre su discurso europeo y su comportamiento en el Congreso. Subrayan que en Bruselas el Partido Popular Europeo y los diputados del PP habían defendido la imprescriptibilidad total, y que la enmienda registrada en España supone un giro que contradice esa postura. A juicio de las asociaciones, esa contradicción debilita la credibilidad política de la formación y dificulta un acuerdo de gran consenso en torno a la materia.

La petición de reunión se produce en un contexto de movilizaciones y de presión pública, con concentraciones de víctimas frente al Congreso y sucesivos llamamientos para que las instituciones atiendan sus demandas. Los impulsores de la ley catalana sostienen que no reclaman privilegios, sino que buscan homogeneizar el tratamiento penal con lo que consideran una práctica mayoritaria en Europa en materia de justicia para delitos sexuales contra menores. Reclaman además que cualquier reforma que salga de las Cortes aporte garantías reales de reparación y prevención.

En su misiva, los reclamantes piden transparencia sobre las posiciones que adoptará cada formación y subrayan la necesidad de un marco legal que no dependa de mayorías cambiantes. El debate parlamentario continuará en las próximas semanas mientras las organizaciones de víctimas multiplican gestiones para lograr el encuentro solicitado y evitar que la iniciativa quede reducida a un nuevo parche legislativo. La decisión del PP sobre respaldar o no la imprescriptibilidad será, en ese escenario, determinante para la viabilidad de una reforma más ambiciosa.