En abril, un hombre acusado de una agresión grave en As Neves recuperó la libertad tras una decisión de la Audiencia Provincial de Pontevedra. La resolución sorprendió porque iba en contra de lo solicitado tanto por el juzgado instructor como por la Fiscalía, que mantenían el riesgo de fuga y la necesidad de prisión preventiva.
Un caso que levanta suspicacias
Los hechos ocurrieron en un entorno rural de la comarca de Verín, donde la denuncia por una agresión física dejó huellas visibles y un informe médico que acreditaba lesiones de cierta gravedad. El detenido fue puesto inicialmente a disposición judicial y el juzgado de guardia decretó su ingreso en prisión preventiva, argumentando que no garantizaba su comparecencia y que podía influir en posibles testigos.
Pero la historia dio un giro inesperado semanas después. La defensa presentó un recurso ante la Audiencia de Pontevedra. Y allí, pese a las advertencias del Ministerio Público y al informe desfavorable del juzgado, los magistrados decidieron revocar la medida cautelar. El acusado salió de prisión bajo fianza y con restricciones de acercamiento.
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Conoce más →La decisión no pasó desapercibida. En el pequeño municipio de As Neves, donde todos se conocen, el caso se convirtió en tema de conversación en el mercado semanal, en las parroquias y en las salas de estar. No es habitual que una resolución judicial de este tipo se invierta en sede provincial cuando las instituciones del propio sistema lo desaconsejan.
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Lo cierto es que no es menor el dato: la Fiscalía y el juzgado coincidieron en mantener la prisión. Un responsable del sector judicial, que pide no ser identificado, señala que “cuando dos órganos coinciden y un tercero los desmonta, siempre queda una sensación de inseguridad jurídica”. No es una crítica directa, pero sí una advertencia sobre el impacto de estas decisiones en la confianza ciudadana.
El contexto tampoco ayuda. En los últimos años, varios casos similares han sacudido la opinión pública gallega. No hace mucho, en otra localidad del sur de Ourense, un agresor reincidente también recuperó la libertad por una decisión de la Audiencia, para ser detenido meses después por una nueva denuncia. Las víctimas, en estos casos, muchas veces sienten que el sistema falla en protegerlas.
En As Neves, la persona afectada fue atendida por servicios sociales municipales. Las fuentes municipales indican que “las medidas de protección se activaron conforme a protocolo”, pero admiten que “hay limitaciones cuando quien denuncia teme represalias”. Difícil no relacionarlo con la inminente salida del acusado.
Pruebas, riesgos y discrecionalidad
El fondo del asunto no es solo legal, sino también ético. ¿Hasta qué punto puede la discrecionalidad judicial abrir brechas en la protección a la ciudadanía? La ley permite que la Audiencia revise las decisiones cautelares, pero conviene recordar que esa facultad no está exenta de responsabilidad. El riesgo de fuga, las pruebas acumuladas, el perfil del acusado… todo forma parte de un entramado que debe valorarse con rigor.
En este caso, no se desconoce que hubo un informe psiquiátrico favorable. Tampoco que el acusado no tiene antecedentes penales graves. Pero basta con mirar el entorno: un pueblo, una comunidad cerrada, la dificultad de denunciar sin miedo. Ahí está la clave. Las instituciones no pueden actuar como si los contextos no importaran.
Demasiado tiempo. La cifra habla por sí sola: desde 2020, la Audiencia de Pontevedra ha revocado más de una decena de ingresos en prisión preventiva en casos de violencia, muchos de ellos en zonas rurales. No parece casualidad que en varios de ellos las víctimas hayan solicitado posteriormente medidas de alejamiento adicionales.
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