La gobierno-no/" title="Xunta">Xunta de Galicia volvió a plantar cara al Gobierno central el 12 de marzo de 2026 por la última propuesta de reforma del Reglamento de Costas, que regula los usos y permisos en el litoral. La comunidad autónoma sostiene que el cambio planteado por el Ejecutivo amenaza la actividad económica en primera línea de mar y que el Estado excede su control sobre el dominio público marítimo-terrestre. El choque se produce en un clima de desconfianza mutua y de debate sobre hasta dónde debe llegar la protección ambiental frente al desarrollo empresarial en las rías gallegas.

El proyecto del Ejecutivo central incluye la limitación del tiempo máximo de permanencia en el dominio público marítimo-terrestre a setenta y cinco años, computando la primera concesión y sus prórrogas posteriores. La norma regula además usos en la franja de servidumbre de protección, que por ley abarca cien metros desde la línea de playa —salvo reducción a veinte metros en núcleos urbanos— y fija criterios más estrictos para concesiones, obras y cambios de uso. Para la Xunta, estas herramientas, tal y como se plantean ahora, suponen una intervención excesiva que pone en riesgo inversiones y actividades asentadas desde hace décadas.

La administración autonómica ha advertido que la reforma podría afectar a cerca de 4.000 edificaciones en Galicia, entre ellas 232 empresas, 59 lonjas, 24 depuradoras de marisco, gasolineras, mercados municipales y centros de salud situados en primera línea de costa. Además, sectores estratégicos como la industria papelera han señalado su inquietud; la continuidad de Ence en la ría de Pontevedra aparece como un ejemplo de la incertidumbre que generarían estos límites temporales. El temor principal es que muchas concesiones históricas queden sin garantía de continuidad y que se fije una fecha tope para actividades que sostienen economías locales.

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Estas sospechas no son exclusivas de la Xunta: varios concellos gobernados por el PP, la Confederación de Empresarios de Galicia y colectivos vinculados a la cadena mar-industria han mostrado su rechazo a la iniciativa. Argumentan que la reforma puede traducirse en trabas administrativas que dificulten la explotación sostenible del litoral, encarezcan proyectos y precipiten cierres o traslados. En ese frente se concentran críticas sobre la falta de seguridad jurídica para empresas y propietarios que operan en el dominio público marítimo-terrestre desde hace décadas.

La disputa tiene además una lectura política y conceptual: el PSOE, según fuentes consultadas, apuesta por medidas más conservacionistas y por reforzar las limitaciones sobre usos en el litoral, mientras que el PP y la Xunta defienden una gestión con mayor margen para la actividad económica. En los gobiernos socialistas se han impulsado previamente ampliaciones de supuestos del dominio público, controles más rigurosos de permisos y restricciones sobre concesiones; la Xunta, por el contrario, denuncia que esas prácticas han ido más allá de lo exigido por la ley y han frenado proyectos en Galicia.

Las consecuencias prácticas de fijar un límite de 75 años pueden variar: desde la no renovación de concesiones ligadas a instalaciones productivas hasta la necesidad de reordenar servicios públicos y comercialización en zonas litorales. Técnicos y juristas del sector advierten de que la reforma abriría un periodo de litigios e incertidumbre mientras se clarifican los criterios de aplicación y se revisan expedientes antiguos. En ese escenario, la gestión de recursos como las lonjas y las depuradoras de marisco, esenciales para la acuicultura gallega, queda en el centro del debate.

La Xunta ya ha reclamado en ocasiones la transferencia de competencias sobre el litoral, una petición que vuelve a cobrar fuerza ante esta reforma. Fuentes institucionales señalan que la comunidad buscará todos los cauces legales y políticos para evitar lo que consideran una imposición desde Madrid. Al mismo tiempo, empresarios y autoridades locales presionan para que se aborde una solución que combine protección ambiental y viabilidad económica, sin que la normativa suponga un cierre automático de actividades históricas.

Por ahora, el conflicto se mantiene abierto y la reforma del Reglamento de Costas ha reabierto un viejo frente entre la Administración gallega y el Gobierno central. La negociación política y la respuesta de los afectados marcarán los próximos pasos: desde recursos y reclamaciones hasta posibles acuerdos sectoriales. En Galicia quedan sobre la mesa preguntas sobre cómo compatibilizar la conservación del litoral y el mantenimiento de actividades que alimentan empleo y tejido productivo en las rías.