María Nieves Pena, propietaria de una vivienda unifamiliar en la calle Méndez Núñez del barrio de O Real en Moaña, recuperó ayer por la tarde su domicilio después de que la pareja que lo ocupaba desde hacía mes y medio decidiera marcharse voluntariamente. El abandono se produjo tras una jornada de tensión vecinal, la intervención de Policía Local, Guardia Civil y Bomberos de O Morrazo y negociaciones entre vecinos, que exigían la salida por los continuos altercados y robos en la zona. Los ocupantes firmaron un documento de entrega voluntaria en presencia de la Guardia Civil y se marcharon hacia la zona de orillamar tras recibir comida y 50 euros. La propietaria, que pronto cumplirá 79 años, agradeció la movilización vecinal y la actuación de las fuerzas del orden.

Según relataron los vecinos, los ocupantes —un hombre y una mujer que, según varios testigos, viven en situación de dependencia a las drogas— habían instalado su residencia en la vivienda hace aproximadamente seis semanas. Dos vecinas, entre ellas Mónica Chaves, responsable de Protección Civil en el municipio, participaron activamente en las negociaciones para lograr que abandonaran el inmueble sin necesidad de un desalojo forzoso. En el intercambio exigieron inicialmente más dinero, pero finalmente aceptaron el acuerdo que contemplaba alimentación y la entrega del dinero acordado. El trámite se formalizó en presencia de agentes en la zona costera.

La salida de los okupas se produjo después de que a primera hora de la tarde se declarase un incendio en la vivienda, hecho que movilizó a los bomberos y a las fuerzas policiales y aumentó la preocupación de los residentes del barrio. Vecinos consultados señalan que la convivencia se había deteriorado en las últimas semanas por episodios de inseguridad y pequeños hurtos, lo que provocó una reacción organizada para forzar la salida de quienes ocupaban la casa. La presión colectiva, combinada con la intervención de los servicios de emergencia, fue determinante para acelerar la resolución del caso.

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Al entrar en la vivienda ya de noche, la propietaria y una hija se encontraron con un panorama de gran destrucción y suciedad, según describieron. El interior, aseguran, quedó lleno de excrementos, vajillas rotas y un olor tan intenso que obligó a utilizar mascarillas para poder acceder. El taller de carpintería que ocupaba el bajo de la vivienda apareció desmantelado y, según la dueña, herramientas y enseres habían sido vendidos o desaparecieron. La propietaria dijo que la magnitud de los daños dificulta incluso estimar el coste y la logística de la limpieza y reparación.

Tras la marcha, los okupas dejaron bolsas con pertenencias en la entrada de la vivienda; fueron los propios vecinos quienes recogieron esos enseres y se los entregaron posteriormente en la zona de orillamar. El papeleo firmado ante la Guardia Civil formalizó la entrega voluntaria del inmueble y permitió evitar un procedimiento judicial inmediato, según fuentes municipales. La sensación entre los residentes es de alivio, aunque persiste la inquietud por la seguridad y el estado en que queda una vivienda habitada durante semanas en condiciones precarias.

El episodio coincidió con la celebración por la tarde de un pleno extraordinario en el Concello de Moaña, solicitado por el Partido Popular para analizar la situación de inseguridad en el municipio. En la sesión, representantes del PP y del PSOE reclamaron un refuerzo de la plantilla de la Policía Local y más recursos para atajar estos problemas recurrentes en determinados barrios. El caso de la casa de Méndez Núñez fue citado como ejemplo de una problemática más amplia que, según los grupos, exige respuestas municipales y coordinación con las fuerzas de seguridad.

Fuentes municipales consultadas reconocen que los desalojos extrajudiciales, aunque en ocasiones permiten una solución rápida, no resuelven el problema de fondo ni evitan la repetición de ocupaciones en inmuebles deshabitados. La propietaria, además de afrontar la reparación de daños, deberá tramitar la limpieza y la recuperación del taller que tenía en el bajo, cuya actividad económica quedó comprometida tras los hechos. Vecinos y representantes políticos subrayan la necesidad de combinar medidas preventivas, asistencia social y actuación policial para abordar tanto la inseguridad como la situación de personas con adicciones.

Por ahora, la vivienda permanece bajo control de su dueña, que ya ha anunciado gestiones para limpiar y reparar el inmueble. El Ayuntamiento deberá evaluar en próximos días las acciones a tomar para evitar nuevas ocupaciones y mejorar la seguridad en O Real y otros barrios que han manifestado preocupación. Mientras tanto, la experiencia ha dejado en la comunidad un sentimiento de alivio por el desenlace inmediato y la constatación de que la movilización vecinal, en coordinación con los cuerpos de seguridad, puede ser decisiva en estos casos.