En la segunda jornada del juicio celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Oviedo, los peritos que han examinado a la pareja imputada por el caso conocido como la «casa de los horrores» afirmaron que los progenitores están capacitados para recuperar la custodia de sus hijos y que no existen indicios de maltrato físico por parte de los mismos. Se trata de un hombre de 53 años de nacionalidad alemana y una mujer de 48 años estadounidense, acusados de haber mantenido a sus tres hijos menores encerrados durante casi cuatro años en un chalé de Fitoria, en Oviedo. Los expertos explicaron que el daño detectado en los menores responde sobre todo al aislamiento y a la ausencia de escolarización, y propusieron una intervención asistencial y progresiva para facilitar la reintegración familiar.

Los peritos encargados de evaluar a los padres rechazaron la existencia de enfermedades mentales graves que pudieran justificar la privación de la capacidad parental, según las conclusiones expuestas ante la sala. A lo largo de sus informes, señalaron que, pese a las circunstancias excepcionales del caso, las manifestaciones clínicas observadas no alcanzan el umbral de severidad que exigiría medidas de incapacitación o la imposición de un régimen de privación absoluta de la patria potestad. Esa valoración ha aportado un giro favorable a la defensa en una vista que mantiene en el centro el debate sobre la mejor respuesta para los menores afectados.

En relación con los niños, los especialistas coincidieron en que las secuelas derivan fundamentalmente del confinamiento y de la falta de escolarización sistemática: presentan un «evidente retraso educativo», dificultades de socialización y otros signos de afectación emocional que requieren atención continuada. Los peritos abogaron por un plan de intervención multidisciplinar, con seguimiento psicológico y psiquiátrico, y la implicación de los servicios sociales para abordar tanto las necesidades inmediatas de los menores como las competencias parentales. La idea impulsada por los informes es la de una recuperación progresiva de los vínculos familiares bajo supervisión profesional, más que la separación definitiva.

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El relato de la defensa ha encontrado así sustento en los dictámenes periciales, que matizan la gravedad de las imputaciones al descartar el perfil psicopatológico extremo en los acusados. No obstante, los técnicos subrayaron que la ausencia de maltrato físico no exonera a la conducta de responsabilidad: las condiciones de vida y la prolongada privación de contacto exterior han dejado huellas que deberán ser tratadas con programas especializados. El tribunal, que sigue analizando pruebas y testimonios, deberá valorar ahora estas conclusiones a la hora de ponderar medidas cautelares y futuras decisiones sobre la guarda y custodia.

Fuentes judiciales recuerdan que la calificación penal que afrontan los procesados no se limita a la determinación de un daño físico sino que también contempla la posible comisión de delitos relacionados con la privación de libertad y la protección de menores. En este punto, los peritos limitaron su dictamen al plano clínico y psicosocial, sin pronunciarse sobre la criminalidad de los hechos, una frontera que corresponderá delimitar a la propia Audiencia en función de la prueba aportada durante el juicio.

Los especialistas recomendaron medidas concretas de acompañamiento para los niños, que incluirían evaluaciones periódicas, programas educativos de recuperación y un seguimiento terapéutico estrecho, así como la coordinación entre atención sanitaria y servicios sociales. Según el informe, solo mediante una intervención coordinada y gradual será posible restituir las aptitudes escolares y relacionales que los menores no desarrollaron por carecer de una escolarización regular durante años.

Para la defensa, estas conclusiones refuerzan la posibilidad de que la familia se recomponga con apoyos externos; para la acusación y parte de la sociedad, plantean el reto de garantizar la protección inmediata de los niños mientras se evalúa la idoneidad de una reintegración. La trascendencia social del caso, que ha despertado amplia atención mediática, obliga a que las decisiones judiciales combinen criterios de protección con la garantía de los derechos de los progenitores y de los menores.

El juicio continuará con la presentación de otros peritos y pruebas, y la sala deberá ponderar en próximos días si las conclusiones clínicas se traducen en medidas de custodia, supervisión o intervención social que prioricen el interés superior de los niños. Mientras tanto, profesionales y autoridades coinciden en la necesidad de protocolos claros para acompañar procesos de reunificación que resulten seguros y eficaces para los menores afectados.