Mensajes bajo sospecha: incógnitas sobre la versión de la presidenta

Sesenta y un mensajes cruzados en solo siete meses. Esa es la cifra que pone en cuestión la versión ofrecida por la actual presidenta del Congreso sobre su relación con un antiguo asesor implicado en la trama de las mascarillas durante la pandemia. La sucesión de comunicaciones destapa una nueva arista en el caso, y arroja dudas sobre la distancia que la mandataria ha querido marcar respecto a los hechos investigados. La polémica, lejos de cerrarse, gana temperatura en Madrid y también en otras esquinas del país.

Un flujo de mensajes que no cuadra

Quien revise los datos de la investigación se encuentra con un número que llama la atención: 61 intercambios de mensajes en siete meses, entre la presidenta del Congreso y una persona ahora bajo la lupa judicial por su papel en los contratos de emergencia gestionados durante la crisis sanitaria. Demasiado contacto para quien, en sede pública, había defendido que su vínculo con el asesor era prácticamente inexistente. Fuentes judiciales han confirmado que ese volumen de comunicación se produjo en el periodo más crítico, cuando las administraciones peleaban por conseguir material sanitario a cualquier precio.

La cifra habla por sí sola. No parece casualidad que esa correspondencia coincida con los meses de máximo estrés político y logístico, justo cuando la presión para cerrar acuerdos de adquisición de mascarillas alcanzaba niveles inéditos. Según fuentes conocedoras del sector, en aquellos días se establecían cadenas de mensajes a cualquier hora, incluso de madrugada, y no era extraño ver a altos cargos intercambiando información sensible en tiempo récord. Sin embargo, en este caso, la intensidad del contacto sorprende por el empeño mostrado recientemente en marcar distancias con el investigado.

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El contexto gallego y la sombra de la opacidad

Conviene recordar que Galicia tampoco escapó a la fiebre de las mascarillas. En comarcas como O Salnés o el área de Vigo, hubo empresas que se ofrecieron a suministrar material a hospitales y residencias, con historias de éxito y de estafa que aún retumban en la memoria colectiva. El debate sobre la transparencia en las compras públicas, reabierto ahora por el escándalo en Madrid, tiene ecos aquí. Basta con mirar la hemeroteca de los últimos cuatro años: la urgencia sanitaria sirvió de coartada para relajar controles y facilitar adjudicaciones directas, algo que hoy muchos consideran el caldo de cultivo perfecto para los abusos.

Pocas veces un intercambio de mensajes ha tenido tanto peso en la opinión pública. La presidenta del Congreso, en su día máxima responsable de una comunidad autónoma, defendió ante la ciudadanía que su trato con intermediarios de la trama era meramente institucional y esporádico. Ahora, el volumen y la frecuencia de las comunicaciones apuntan en otra dirección. Un alto cargo municipal de una capital gallega lo resume sin rodeos: “Si hay tantos mensajes, es porque había algo que gestionar”.

Versiones enfrentadas y presión política

No es menor el dato de que la mandataria haya insistido en que desconocía los pormenores de los contratos cuestionados. Sin embargo, la aparición de esta correspondencia digital provoca que la oposición exija explicaciones más detalladas y que algunos miembros del propio partido guarden silencio o recurran a respuestas evasivas. La oposición, tanto en el Parlamento español como en varios hemiciclos autonómicos, se ha apresurado a pedir nuevas comparecencias para aclarar el alcance de la relación entre la presidenta y el asesor investigado.