Alfonso Martínez, ingeniero de minas y militante del PSOE, figura en el sumario del caso Forestalia después de que su consultora, Natural Resources Research and Development, firmara dos contratos con el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) al reforzar la tramitación técnica de expedientes. Las conexiones emergen en el marco de las pesquisas sobre irregularidades en proyectos de energías renovables y mineros en Aragón, cuya instrucción judicial se ha intensificado en los últimos meses.

Los contratos, según consta en el expediente al que ha tenido acceso este periódico, se adjudicaron cuando el Inaga precisó reforzar su capacidad técnica para evaluar proyectos. La pequeña firma de consultoría aparece citada en el sumario como colaboradora en la evaluación ambiental de proyectos que han sido objeto de investigación.

La presencia de Martínez en la investigación ya había saltado a la luz pública en junio de 2025, cuando conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el entorno de Koldo García incluyeron referencias a un “Alfonso” vinculado al sector minero. Esas grabaciones han servido para trazar vínculos entre actores privados y tramitaciones administrativas.

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Audios y disputas empresariales

En las transcripciones difundidas se alude a un enfrentamiento entre Martínez y el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, conocido en los audios como “el guiputxi”. La discusión, según la documentación judicial, se relaciona con trabajos técnicos en la mina de potasa Mina Muga y con discrepancias por pagos pendientes por esos servicios.

«se había dado dinero»

Las grabaciones citan desacuerdos económicos y referencias a pagos por trabajos vinculados a proyectos mineros. Fuentes del sumario apuntan a que esas conversaciones ayudaron a identificar la participación de la consultora de Martínez en varios expedientes técnicos cuya tramitación está siendo revisada por la investigación.

Contratos con el organismo ambiental

Natural Resources Research and Development habría recibido dos contratos del Inaga en el periodo en que el organismo aragonés externalizó parte de su capacidad técnica para atender la avalancha de expedientes de renovables y minería. Los importes y la duración concreta de esos contratos constan en el sumario, que documenta la relación contractual y las tareas encargadas a la consultora.

El despacho de Martínez, pese a su reducido tamaño, actuó en calidad de soporte técnico para la tramitación de evaluaciones ambientales, una función que ahora atrae el escrutinio judicial. En la investigación se analizan si esas contrataciones pudieron favorecer intereses privados o influir en la resolución administrativa de proyectos controvertidos.

Las indagaciones judiciales que integran el caso Forestalia han ampliado así su foco, enlazando con elementos que ya aparecieron en las pesquisas sobre el entorno de Koldo García. La coincidencia de nombres y empresas en ambos sumarios ha despertado preocupación por posibles redes de influencia entre consultoras, promotores y funcionarios.

Además de Martínez, en las grabaciones y en la documentación judicial aparece citado Alfonso Gómez Gámez, exdirector general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón y portavoz adjunto del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza. Su nombre se relaciona con la misma trama de conversaciones que motivó la apertura de diligencias y la atención mediática sobre el caso Mina Muga.

Tras la publicación de los audios, el PSOE en Aragón decidió suspender cautelarmente de militancia a algunas de las personas implicadas y abrió expedientes informativos para esclarecer los hechos. La formación ha señalado que actuará según el resultado de las investigaciones judiciales y de los procedimientos internos.

Desde el Inaga, fuentes oficiales consultadas evitan vincular de manera directa la contratación de la consultora con irregularidades y subrayan que las adjudicaciones se realizaron en el marco de la necesidad de reforzar recursos técnicos. La instrucción judicial, no obstante, sigue recabando documentación sobre la tramitación de expedientes y los vínculos entre consultoras y proyectos.

El sumario del caso Forestalia continúa abriendo vías de investigación que relacionan el mundo de la consultoría ambiental con los procesos administrativos de evaluación de proyectos energéticos y mineros en Aragón. Hasta ahora no existen sentencias ni imputaciones definitivas que acrediten delitos por parte de las consultoras contratadas; la causa sigue su curso y los interrogantes sobre posibles conflictos de interés permanecen abiertos.