Nadie en la corporación municipal de Ourense quiere darle el visto bueno al presupuesto de 2026. El último en sumarse al rechazo ha sido el PSOE, que ha presentado alegaciones contra la aprobación provisional del documento. Lo hace por lo que considera “deficiencias jurídicas” de calado. La portavoz socialista, Natalia González, fue clara al advertir que unas cuentas mal construidas pueden comprometer no solo su ejecución, sino la propia acción del gobierno local durante el próximo ejercicio.
La ciudad necesita un presupuesto, sí. Pero no uno cualquiera. Así lo expresó la propia González, quien reconoció la urgencia de dotar a la capital de las cuentas necesarias para funcionar, pero con una condición innegociable: que sean jurídicamente sólidas, ejecutables y que respondan a las necesidades reales de los vecinos. Lo cierto es que, a día de hoy, el texto presentado no cumple esos requisitos mínimos.
Un informe preceptivo que brilla por su ausencia
El principal argumento de la impugnación socialista es la ausencia del informe preceptivo de la Intervención General. Un documento que, por ley, debe acompañar a cualquier propuesta presupuestaria que aspire a ser aprobada. Sin ese aval, las cuentas carecen de la garantía técnica necesaria. No es un detalle menor. La intervención es el órgano que vela por la legalidad financiera y la sostenibilidad de las cuentas públicas. Saltarse ese paso, según el PSOE, convierte el presupuesto en un texto frágil, expuesto a recursos y a una posible paralización judicial.
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Conoce más →Pero no es el único problema. Las alegaciones también señalan deficiencias en la tramitación del plan económico-financiero. Un documento que, al parecer, aún no podía ser tramitado formalmente cuando se utilizó como base para elaborar el presupuesto. Es decir, se estaría construyendo el edificio presupuestario sobre unos cimientos que todavía no estaban legalmente autorizados. Difícil sostenerlo así.
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Conviene recordar que esta no es la primera vez que los presupuestos de Ourense topan con obstáculos. La falta de acuerdo político y los problemas técnicos se han convertido en una constante en los últimos años. Lo que ahora resulta llamativo es la unanimidad del rechazo. PP, BNG y ahora PSOE coinciden en que el texto presentado no es viable. Una situación que deja al gobierno municipal en una posición delicada, sin apoyos y con el reloj en contra.
La portavoz socialista insistió en que Ourense necesita un presupuesto “que poida executarse, dea seguridade xurídica e responda ás necesidades reais”. La frase condensa el sentir de buena parte de la corporación. No se trata de bloquear por bloquear, sino de evitar que unas cuentas mal hechas acaben generando más problemas que soluciones. A nadie se le escapa que aprobar un presupuesto con vicios de forma es abrir la puerta a recursos contencioso-administrativos, a retrasos en la ejecución de proyectos y, en última instancia, a una parálisis de la acción de gobierno.
El riesgo de la inseguridad jurídica
El PSOE ha puesto el foco precisamente en ese punto: la inseguridad jurídica. Si el presupuesto se aprueba con deficiencias legales, cualquier contratación, cualquier inversión, cualquier gasto podría ser impugnado. Eso significa que los proyectos previstos para 2026 —obras, servicios, ayudas— podrían quedar en el aire. Y la ciudad, otra vez, pagando las consecuencias de una mala planificación.
La advertencia de los socialistas no es menor. El gobierno municipal tendrá ahora que decidir si corrige las deficiencias señaladas o si intenta sacar adelante el presupuesto tal cual, asumiendo el riesgo de que sea tumbado por la vía judicial. La pelota está en su tejado. Pero el tiempo corre. El ejercicio 2026 está a la vuelta de la esquina y Ourense no puede permitirse empezar el año sin cuentas aprobadas. O, peor aún, con unas cuentas que no se puedan ejecutar.
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