Dice mucho de la salud administrativa de una institución cuando un trámite concebido para resolverse en el plazo de dos meses termina consumiendo un año entero de retraso. Es lo que ha ocurrido en el Concello de Ourense con el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), un documento vital para el desarrollo de la urbe termal que permanece anclado en un punto muerto burocrático. Según adelantó La Voz de Galicia en su información más reciente, el gobierno local ha dilatado de manera injustificada una fase del expediente que, por ley y por complejidad técnica, debería haberse saldado en apenas sesenta días. Mientras tanto, la ciudad sigue mirando al futuro con la mirada puesta en el retrovisor.
Una legislación local anclada en los años ochenta
Pocas veces un silencio administrativo habla tan alto como en este caso. Para entender la magnitud del retraso actual y su gravedad, conviene recordar el calvario histórico que arrastra la capital de la provincia en materia de ordenación del territorio. El último PXOM que logró aprobar el consistorio ourensano fue tumbado de raíz por una sentencia judicial firme hace la friolera de quince años. Aquella decisión de los tribunales dejó un vacío legal que a día de hoy sigue sin cubrirse de forma definitiva.
Treinta y ocho años. Ese es el tiempo que las normas urbanísticas de la ciudad han permanecido congeladas, una cifra que resulta difícil de digerir en cualquier administración pública moderna. Ourense opera hoy con la estructura de gestión de suelo derivada de las viejas normativas aprobadas en el año 1986. Es decir, la ciudad de hoy, con todas sus necesidades de vivienda, infraestructuras y desarrollo económico, está atada de pies y manos por un marco legal pensado para una España que aún no había entrado en la Unión Europea.
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Ver en Hotels.com → PublicidadDemasiado tiempo. Ese desfase temporal provoca que cualquier iniciativa urbanística relevante dependa de interpretaciones parcheadas y de la eterna tramitación de un nuevo plan que nunca termina de llegar a buen puerto. El nuevo PXOM se presentó como el remedio a todos estos males de planificación estructural, pero los tiempos políticos y administrativos parecen conspirar contra su materialización.
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El epicentro de la polémica reside ahora en el análisis de los plazos reales del expediente. No es menor el dato de que el trámite ahora señalado tenía un recorrido previsto de tan solo dos meses. Sin embargo, la maquinaria municipal ha multiplicado esa estimación por seis. Un año entero de retraso en un momento en el que la celeridad debería ser la máxima prioridad para desbloquear la ciudad.
A nadie se le escapa que redactar un plan de ordenación urbanística es un trabajo que requiere minuciosidad, informes técnicos de alto nivel, consultas sectoriales y un escrupuloso respeto por la normativa autonómica y estatal. Lo cierto es que el detalle de cada documento de aprobación exige meses de dedicación por parte de los arquitectos, juristas y técnicos involucrados. Pero el retraso ahora destapado no responde a exigencias de calidad técnica, sino a una parálisis estrictamente burocrática e institucional en la que el expediente ha permanecido dormido.
El silencio y el inmovilismo en las dependencias administrativas de la Finca Santamarina, sede principal de la alcaldía y del gobierno municipal, tienen un coste directo. El coste de un municipio que no puede crecer al ritmo que demandan sus ciudadanos, sus promotores y su propio tejido empresarial. Difícilmente puede una urbe competir por retener talento o atraer inversión inmobiliaria e industrial si no sabe con claridad qué se puede construir, dónde y bajo qué condiciones de edificabilidad.
El laberinto autonómico y la
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