Patinetes eléctricos: la regulatoria que llegó tarde

Once personas hospitalizadas por el incendio de un patinete eléctrico en plena calle de A Coruña. Once. No es una cifra menor ni un suceso aislado. Es la confirmación de que hemos introducido en nuestras aceras un dispositivo de movilidad cuyos riesgos no hemos sabido —o no hemos querido— regular a tiempo. Y mientras tanto, seguimos como si nada.

Las baterías de litio que alimentan los patinetes eléctricos son, en esencia, concentraciones de energía química altamente inestable si no se fabrican, cargan y mantienen correctamente. Cuando una de ellas entra en combustión, lo hace con una violencia asombrosa: temperaturas superiores a 600 grados, humo tóxico, llama difícil de extinguir. Lo que ocurrió en A Coruña no fue un accidente imprevisible. Fue la consecuencia lógica de un mercado desregulado, de la venta masiva de dispositivos de baja calidad y de la ausencia de controles sobre quién circula con ellos, cómo los carga y en qué condiciones.

El problema tiene tres dimensiones que exigirían respuestas inmediatas. La primera es la certificación. Hoy cualquiera puede comprar online un patinete eléctrico por menos de 200 euros que no cumple norma de seguridad alguna. No hay control aduanero efectivo sobre estos productos, ni inspección sistemática en los puntos de venta. Mientras la Unión Europea discute directivas, los patinetes de dudosa procedencia siguen llegando a los hogares gallegos a un ritmo de miles por mes.

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La segunda dimensión es el uso. Un patinete eléctrico puede alcanzar los 25 km/h, una velocidad a la que un impacto contra un peatón —niño, anciano, persona con movilidad reducida— puede ser letal. Sin embargo, la normativa vigente se limita a prohibir su circulación por aceras, una prohibición que nadie cumple y nadie fiscaliza. Los agentes municipales no pueden estar en cada esquina, y los usuarios lo saben. El resultado es una anarquía urbana en la que el más débil —el peatón— paga las consecuencias.

La tercera dimensión, la más invisible pero quizá la más urgente, es la logística de carga. Los incendios de patinetes no ocurren normalmente mientras se circulan. Ocurren mientras se cargan, a menudo en vestíbulos de comunidades de vecinos, rellanos de escalera y garajes sin ventilación. Una carga defectuosa en un bloque de viviendas puede provocar un incendio estructural en cuestión de minutos. ¿Cuántas comunidades de propietarios en Galicia tienen un protocolo de carga de patinetes? Prácticamente ninguna.

Aquí es donde el papel de los ayuntamientos se vuelve insustituible. A Coruña, Vigo, Ourense y Lugo no pueden seguir mirando hacia otro lado. Hace falta una ordenanza municipal clara: patinetes certificados exclusivamente, prohibición de carga en zonas comunes sin armarios ignífugos, seguros de responsabilidad civil obligatorios y campañas de información masivas. El coste de implementar estas medidas es infinitamente inferior al coste sanitario, material y humano de un incendio como el de este domingo.

También corresponde al usuario asumir su responsabilidad. Comprar el patinete más barato de internet, cargarlo toda la noche en el rellano y circular por la acera a 20 km/h no es un derecho. Es una negligencia. La cultura de la movilidad urbana exige educación cívica, y esa educación no se improvisa después del accidente.

Once heridos en A Coruña deberían ser suficientes para desbloquear de una vez por todas la regulación. Si no lo son, la pregunta es cuántos más tendremos que contar antes de que alguien tome una decisión. Porque el próximo patinete que arda puede no ser en una calle. Puede ser en el portal de tu casa.

La movilidad eléctrica es el futuro. Pero un futuro sin reglas no es progreso: es peligro con ruedas.