Un juzgado de instrucción de Ourense ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de un vecino del barrio de O Couto detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito contra la salud pública. En su poder fueron hallados unos 500 gramos de cocaína y ocho kilos de hachís, guardados en armarios.
La decisión judicial se conoció a última hora de la mañana del pasado lunes y responde, según el criterio expuesto por el titular del Juzgado de Instrucción número uno de Ourense, al riesgo de reiteración delictiva y a la posibilidad de fuga del investigado. No es un dato menor: la prisión provisional es una medida excepcional, y su adopción indica la valoración que el magistrado hizo tanto del material intervenido como de la presunta actividad desplegada.
Un método pensado para pasar desapercibido
Lo más revelador del caso no está solo en la cantidad de sustancia incautada, sino en la forma de trabajar del investigado. No operaba desde su domicilio. Al contrario, hacía que los clientes se pusieran en contacto con él por teléfono y concertaba los encuentros en un punto intermedio, alejado de su casa, precisamente para no llamar la atención de los vecinos.
Ese patrón de actuación, en el que la llamada sustituye al punto de venta fijo y el encuentro se desplaza a una zona neutral, responde a una lógica de precaución frente a dos riesgos muy distintos. Por un lado, el de los propios residentes, que en un barrio como O Couto, denso y bien comunicado, detectan con facilidad movimientos extraños en un portal. Por otro, el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que prestan especial atención a los inmuebles desde los que se gestiona el tráfico de drogas. La estrategia no evitó, en cualquier caso, la detención.
La intervención policial en la Avenida de Portugal
La operación se saldó con la detención del presunto distribuidor en la Avenida de Portugal de la capital ourensana, una de las vías con mayor tránsito de la ciudad y puerta de entrada desde el sur. Las cantidades intervenidas —medio kilo de cocaína y ocho de hachís— hablan de un volumen que desborda con creces el consumo propio o la simple venta al menudeo de pequeña escala. La cifra habla por sí sola.
La distribución de la droga en armarios sugiere además una intención de almacenaje y de gestión organizada del estupefaciente, no una posesión ocasional. Quien almacena lo hace para vender de manera continuada. Ahí está, probablemente, una de las claves que la investigación policial puso sobre la mesa judicial: no se trata de un episodio aislado, sino de una actividad sostenida en el tiempo, una especie de negocio a tiempo completo desarrollado en la sombra.
El calibrado judicial del riesgo
Conviene recordar que la prisión provisional comunicada y sin fianza es la modalidad más severa de esta medida cautelar, reservada a los supuestos en que el juez considera insuficientes las alternativas menos gravosas para garantizar el proceso. En el auto pesaron dos circunstancias expresadas por el propio tribunal: el riesgo de que el investigado vuelva a delinquir y el de que pueda sustraerse a la acción de la justicia.
El delito contra la salud pública es uno de los más frecuentes en los juzgados ourensanos, pero no todos los casos terminan con ingreso en prisión. Que en este se haya adoptado esa medida desde el primer momento permite intuir la consideración que el instructor hizo del riesgo de fuga y de reincidencia, valoraciones que corresponde exclusivamente a él efectuar sobre la base de lo aportado en la causa.
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