El escándalo de Les Naus en Alicante ha puesto al descubierto fallos relevantes en el sistema de vivienda protegida. Un decreto del Consell de Carlos Mazón de diciembre de 2024 mantuvo vacíos normativos heredados de la etapa del Botànic que permiten sortear los filtros sociales. Expertos y afectados alertan de que no son trampas aisladas, sino resquicios legales que facilitan el acceso a quien no cumple el objetivo público.

La copropiedad: un atajo que no siempre se ve

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La norma suele excluir a quienes son titulares del pleno dominio de una vivienda. Ese matiz administrativo abre un hueco: la copropiedad.

Si una persona comparte una casa al 50 % con su pareja, puede no figurar como propietario en pleno dominio y, por tanto, no quedar automáticamente descartada.

Del mismo modo, ceder una parte de la titularidad a un familiar puede modificar los registros sin alterar la realidad económica del solicitante.

• Problema: la verificación se limita al titular registral, no a la capacidad real de uso o disfrute.
• Consecuencia: inmuebles «a medias» pueden no bloquear el acceso.

Los técnicos consultados señalan que estas maniobras no requieren siempre mala fe: bastan los vacíos de la formulación jurídica para obtener un resultado contrario al propósito social de la promoción.

Activos fuera del foco: patrimonio y sociedades

Otro punto ciego importante es la mirada parcial sobre la economía del solicitante. La comprobación suele centrarse en ingresos declarados y en si aparece una vivienda a nombre del interesado.

Quedan fuera de ese control otros bienes que pueden dar una capacidad económica elevada: embarcaciones, vehículos de lujo, participaciones en empresas o cuentas en el extranjero.

Además, el dinero ligado a una sociedad mercantil complica la trazabilidad. Una persona puede no figurar como propietaria de un inmueble ni declarar altos ingresos personales, pero controlar activos relevantes a través de estructuras societarias.

• Ejemplo: participaciones en sociedades que poseen inmuebles o bienes de lujo.
• Consecuencia: la «foto fija» de los ingresos no refleja el patrimonio real.

El requisito del arraigo al municipio para los visados añade otra capa de complejidad. El uso de empadronamientos temporales o trámites administrativos puntuales permite sortear el filtro de residencia habitual.

Riesgos y propuestas para cerrar los huecos

El resultado de estos puntos ciegos es doble: se diluye la finalidad social de las promociones y se erosiona la confianza ciudadana en los mecanismos de asignación.

Especialistas en vivienda y políticas públicas recomiendan medidas concretas para endurecer el control y evitar arbitrariedades.

• Ampliar la comprobación patrimonial para incluir bienes relevantes más allá de la titularidad registral.
• Verificar la titularidad real mediante cruces con registros mercantiles y fiscales.
• Revisiones periódicas después de la adjudicación para detectar cesiones o ventas simuladas.
• Endurecer sanciones para quienes manipulen su situación registral para acceder a ayudas públicas.
• Protocolos comunes entre administraciones para compartir información y evitar lagunas entre comunidades.

Los cambios normativos requerirán voluntad política y coordinación entre administraciones autonómicas y estatales. También la actualización de las herramientas informáticas que permiten cruces automáticos de datos.

El reportaje publicado en Faro de Vigo por Alex Domínguez y Borja Campoy el 8 de marzo de 2026 fue el que puso en foco público estos fallos en Alicante, pero la problemática es aplicable a otras zonas con vivienda protegida.

Para que las promociones cumplan su objetivo social es imprescindible revisar la definición de exclusión por vivienda, incorporar controles patrimoniales más amplios y asegurar el cumplimiento efectivo de los requisitos. Sin estas reformas, alertan expertos, los beneficiarios reales seguirán compartiendo espacio con quienes logran colarse por resquicios técnicos.