Suspendidos en Lugo los juicios por la estafa de 64.000 euros en reformas

Apenas empieza la semana y la Audiencia Provincial de Lugo ya tiene que lidiar con un nuevo contratiempo procesal. Un constructor de 34 años se enfrenta a una petición de 11 años de cárcel por defraudar más de 64.000 euros en reformas que jamás ejecutó. La celebración de los tres juicios ha quedado en suspenso este martes debido a una baja médica de la defensa, prolongando la angustia de los afectados.

El cebo digital de las reformas fantasma

A nadie se le escapa que las redes sociales se han convertido en el gran escaparate de los negocios modernos. Allí donde antes mandaba el boca a boca o los anuncios en papel, ahora impera el algoritmo y la publicidad segmentada. Pero este terreno digital, carente de los filtros tradicionales, también es propicio para los engaños más elaborados. El acusado de estos hechos utilizaba precisamente estos canales para captar a sus víctimas, ofreciendo sus supuestos servicios profesionales con una imagen de fiabilidad que luego no se correspondía con la realidad.

Los afectados, según relatan fuentes judiciales, son dos vecinos de la capital lucense y un residente en el municipio de Baralla. La cuantía total del fraude asciende a más de 64.500 euros. La cifra habla por sí sola. Hablamos de ahorros que muchas veces cuesta toda una vida reunir, fondos invertidos en la ilusión de mejorar un hogar y que acabaron esfumándose sin dejar tras de sí más que paredes sin repicar y promesas vacías. No parece casualidad que este tipo de delitos encuentre un caldo de cultivo idóneo en la falta de regulación efectiva de muchos anuncios en internet.

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Un historial que juega en contra

Lo cierto es que el presunto autor de los hechos no se enfrenta a su primer encontronazo con la justicia. Fuentes del caso confirman que el procesado ya acumula antecedentes penales, un detalle que agrava sustancialmente su situación de cara a un hipotético juicio. Por ello, la Fiscalía ha endurecido su postura y solicita para él una pena conjunta de 11 años de prisión, además de la obligación ineludible de devolver cada céntimo a los perjudicados.

Quien confía en un profesional para reformar su vivienda no espera acabar inmerso en una pesadilla burocrática y económica. En esta causa tampoco se juzga únicamente al principal acusado. Por uno de los expedientes vinculados a estas obras irregulares, también se sienta en el banquillo un segundo procesado, de 40 años, que se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por un delito continuado de estafa. En su caso, la acusación pide que reintegre 39.831 euros a una de las víctimas, una cantidad que tendría que abonar a medias con su presunto cómplice.

La maquinaria judicial y el precio de la espera

Difícil es explicarles a los perjudicados por qué tienen que seguir esperando para recuperar su dinero y ver hecha justicia. La suspensión de este martes en los juzgados de la circunscripción lucense obedece a causas estrictamente procesales y de salud, pero la realidad tozuda es que retrasa una sentencia que se antoja vital para los damnificados. Conviene recordar que la lentitud de los tribunales suele ser la peor pesadilla para quien ha sido despojado de sus ahorros, prolongando el daño mucho más allá del momento en que se comete el fraude inicial.

Basta con mirar a las comarcas del interior para entender la vulnerabilidad de muchos ciudadanos ante promesas incumplidas. En pueblos y aldeas de la provincia de Lugo, encontrar mano de obra cualificada y comprometida para ciertos arreglos puede llegar a ser un verdadero quebradero de cabeza, una circunstancia que muchos desaprensivos aprovechan para hacer su agosto. La confianza se rompe y, con ella, la tranquilidad de familias enteras. Demasiado tiempo de incertidumbre para quienes solo buscaron mejorar su techo.

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Pocas veces se debaten en profundidad los riesgos que asume el consumidor cuando contrata obras de