Trece horas de obra por 50 euros: un empresario de Lugo se sienta en el banquillo por explotar a dos migrantes

Un empresario lucense de la construcción, de 52 años, se enfrenta a siete años de prisión por explotar presuntamente a dos trabajadores migrantes en situación irregular, a quienes hacía trabajar trece horas diarias a cambio de 50 euros al día pagados en mano. El caso, que ya ha celebrado audiencia preliminar en los juzgados de Lugo, incluye además una petición de indemnización de 91.260 euros tras el accidente laboral de uno de los empleados.

Jornadas interminables, sin contrato y sin alta

Las condiciones que describe la acusación no dejan margen a la ambigüedad. Los dos trabajadores debían estar preparados a las siete y media de la mañana, y la jornada se extendía ininterrumpidamente hasta pasadas las ocho y media de la noche, con una única pausa breve para comer. El propio empresario era quien los recogía y los trasladaba hasta la obra, un detalle que refuerza el control casi total sobre su día a día.

No había contratos. Tampoco cotizaciones a la Seguridad Social, ni horas extra remuneradas, ni vacaciones, ni el descanso semanal mínimo que marca la ley. Y los pagos, siempre en mano, se limitaban a esos 50 euros diarios independientemente del desgaste. La cifra habla por sí sola.

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Dos años y cuatro meses de silencio

Uno de los afectados, de nacionalidad venezolana, soportó estas condiciones durante dos años completos. El otro, colombiano, cuatro meses. La Fiscalía sostiene que el procesado se aprovechó de las precarias condiciones económicas de ambos y de su situación de necesidad, imponiéndoles condiciones que no respetaban sus derechos como trabajadores. Precisamente la irregularidad administrativa era el arma: sin papeles, denunciar significaba arriesgarse a perder lo poco que tenían.

Conviene recordar que este tipo de situaciones no son excepcionales en el sector de la construcción, donde la opacidad de las obras pequeñas y la intermediación verbal dificultan el control. Pero que sea frecuente no lo hace menos grave. Demasiado tiempo mirando hacia otro lado.

El accidente que destapó todo

Uno de los trabajadores sufrió un corte en un brazo mientras manipulaba una radial, la herramienta de corte habitual en cualquier obra. Ese accidente, sufrido sin cobertura de ningún tipo al no estar dado de alta, está detrás de la indemnización de 91.260 euros que reclama la acusación. Sin seguro, sin contrato y sin alta, un golpe de sierra puede convertirse en un problema médico, laboral y económico de enormes proporciones para quien lo sufre.

A nadie se le escapa que la víctima de un accidente laboral en situación irregular tiene todos los números en contra: no puede acreditar relación laboral, no tiene cobertura sanitaria específica de trabajo y depende de la buena voluntad de quien le explota. De ahí la importancia de que estos casos lleguen a juicio.

Lo que está en juego

El caso se ha visto este martes en los juzgados de Lugo en fase de audiencia preliminar, un paso previo que determina si finalmente habrá juicio oral. Siete años de prisión es una petición seria, y el importe indemnizatorio, también.

Queda la pregunta de fondo: cuántos casos como este no llegan nunca a un juzgado. Cada trabajador sin papeles que calla por miedo es una explotación invisible, y la jurisprudencia que salga de procesos como el lucense puede servir de aviso. Que la fiscalía persiga estos hechos con contundencia es necesario; que dejen de producirse sería, sobre todo, cuestión de políticas de inspección y de regularización. Mientras tanto, el silencio de las obras seguirá siendo cómplice.