domingo, 20 de septiembre de 2026 | Galicia, España
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Un parque de bolígrafos abandonados delata el arranque de las oposiciones más vigiladas de Galicia

Un parque de bolígrafos abandonados delata el arranque de las oposiciones más vi

Hay gestos que dicen más que cualquier comunicado institucional. El sábado por la mañana, ante las puertas del recinto ferial de Silleda, decenas de aspirantes dejaban sobre las mesas de control sus bolígrafos estampados, sus estuches, sus fundas de gafas e incluso alguna prenda de vestir. No era descuido: era obligación. La administración autonómica ha prohibido este fin de semana todo objeto que pueda esconder un mecanismo de trampa en unas pruebas en las que se juega mucho más que la nota de un examen.

La cifra lo justifica. Más de 16.000 personas inscritas pugnan por 256 plazas en distintos cuerpos de la Administración gallega, unas proporciones que convierten estas convocatorias en una de las citas competitivas más duras del calendario autonómico. De los aspirantes llamados este sábado al cuerpo superior (grupo A1), con 59 plazas en juego, algo más de 700 cruzaron finalmente el control de acceso de las seis entradas habilitadas, de un total de 1.323 convocados. El resto, ausencias que ilustran la distancia entre presentarse y competir de verdad.

Radar contra los pinganillos

Lo verdaderamente novedoso no está en los números, sino en la tecnología desplegada en los pabellones. La Xunta ha estrenado un protocolo de detección de ondas electromagnéticas diseñado para localizar dispositivos de transmisión ocultos, los conocidos pinganillos que en otros procesos selectivos han protagonizado escándalos en toda España. La radiofrecuencia, herramienta habitual en controles de seguridad de grandes eventos, se convierte así en aliada de la integridad de las oposiciones públicas.

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El mensaje que transmite el despliegue es doble. Por un lado, disuade: quien contemple entrar con un dispositivo sabrá que existe un sistema capaz de rastrear emisiones en plena prueba. Por otro, reequilibra: miles de personas han dedicado años de estudio a estas plazas, y la sospecha de que alguien pueda comprar su puesto con tecnología resulta insoportable para la credibilidad del empleo público.

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Una logística de escala casi electoral

Gestionar a más de 16.000 candidatos repartidos en un fin de semana exige una operativa comparable a la de unas elecciones. Accesos escalonados, registros de objetos personales, vigilantes coordinados y ahora detectores de emisiones componen un dispositivo que refleja hasta qué punto la selección de funcionarios ha dejado de ser un trámite administrativo para convertirse en una operación de seguridad.

El fenómeno también dice mucho del mercado laboral. Cuando más de sesenta aspirantes se presentan por cada plaza del grupo A1, la oposición deja de ser una vía alternativa y se consolida como objetivo vital para una parte sustancial de la juventud cualificada, dispuesta a sacrificar un fin de semana completo y, antes, años de preparación.

El precio de la confianza pública

Cabe preguntarse si estos controles deberían ser la norma y no la excepción en todos los procesos selectivos. Mientras el fraude tecnológico evoluciona, las administraciones corren el riesgo de llegar siempre un paso por detrás. El estreno de este sistema en Silleda apunta a una toma de conciencia, aunque su eficacia real solo podrán medirla los resultados y, en su caso, las incidencias que se detecten a lo largo del fin de semana.

Al cierre, lo que queda claro es que las oposiciones gallegas han entrado en una nueva era: la de la vigilancia electrónica como garantía de igualdad. Y que el rastro de bolígrafos a la entrada del pabellón es, quizá, la mejor imagen de un pacto silencioso: los aspirantes aceptan renunciar a casi todo con tal de que la competencia sea limpia.

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Pablo Rivas

Periodista deportivo con amplia experiencia en la cobertura del fútbol y deporte gallego. Redactor de la sección de Deportes.

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