Una mujer de Pontevedra ha declarado este jueves ante la Audiencia Provincial sobre los maltratos que, según la acusación, sufrió por parte de su pareja durante su relación, un calvario que llegó a hacerle ocultar las lesiones incluso a su propio médico. El fiscal solicita para el acusado, que compareció desde la cárcel de Bonxe, en Lugo, una pena de doce años de prisión. Los hechos se conocieron gracias a la información publicada por La Voz de Galicia.
La culpa invertida
Quien escucha este tipo de relatos se pregunta siempre lo mismo: por qué tardaron tanto en denunciar. La respuesta, una vez más, está en la mecánica misma del maltrato. La mujer explicó ante el tribunal cómo llegó a interiorizar la violencia que sufría hasta el punto de atribuirse la responsabilidad de los golpes. Pensaba que el problema era ella, no él. No es una excepción: es casi la regla.
Esa distorsión tiene consecuencias muy concretas. La víctima reconoció que llegó a evitar acudir al médico para no tener que explicar moretones, roturas, dolores. Un diente roto, según el relato del juicio, fue una de las huellas físicas que le quedaron de aquellas agresiones. Ocultar una lesión a un profesional sanitario requiere un grado de miedo y de aislamiento que a nadie debería resultarle difícil de imaginar, y sin embargo cuesta: cuesta porque quien no lo ha vivido tiende a creer que denunciar es fácil.
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Conoce más →Control y encierro cotidiano
La violencia no fue solo física. La acusación sostiene que el hombre controlaba los movimientos de su pareja al punto de no dejarla salir sola a la calle. Ese cerco cotidiano —decidir por ella, vigilarla, aislarla— suele preceder y acompañar a las agresiones, y es precisamente lo que hace más difícil romper la cadena: si no puedes salir sola, tampoco puedes pedir ayuda con normalidad.
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Ver planes de hosting →A nadie se le escapa que este patrón, el de la pareja que convierte el domicilio en un espacio de vigilancia, es uno de los rasgos más repetidos en los juicios por violencia de género que se celebran cada semana en toda Galicia. Ahí está la clave de por qué muchas víctimas no piden socorro hasta que la situación se vuelve insostenible.
Denunciar… y marcharse de la ciudad
Hubo un detalle especialmente duro en la declaración. Cuando la mujer finalmente dio el paso de denunciar, quien tuvo que abandonar la ciudad fue ella. El agresor, en cambio, permaneció en Pontevedra, la urbe del Lérez donde estaba afincado. La cifra habla por sí sola: la víctima pagó con su vida, su entorno y su geografía el hecho de haber contado lo que pasaba.
Este desenlace —la expulsión silenciosa de la víctima— es uno de los grandes pendientes del sistema. La ley protege con medidas de alejamiento, sí, pero en la práctica muchas mujeres acaban siendo ellas quienes se mudan, cambian de barrio o de ciudad, rehacen su vida a la carrera. Denunciar debería significar que se va el otro. Demasiadas veces no es así.
Doce años de petición fiscal y un juicio con el acusado entre rejas
El acusado acudió este jueves a la Audiencia de Pontevedra en traslado desde el centro penitenciario de Bonxe, en la provincia de Lugo, donde se encuentra privado de libertad. La Fiscalía mantiene su petición: doce años de prisión por los hechos que se le imputan. El proceso deberá decidir ahora qué responsabilidad penal corresponde a una relación marcada, según el relato de la acusación, por golpes, control y aislamiento.
Conviene recordar que la pena solicitada por el ministerio fiscal es solo eso, una petición inicial, y que será el tribunal quien fije tras el juicio la condena definitiva, si la hay. Lo que ya no estará en discusión es el relato humano que quedó sobre la mesa: el de una mujer que tardó en entender que los go
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