¿Y el gallego? El rechazo europeo al catalán reabre la espera de la lengua gallega para su oficialidad en la UE

Bruselas ha vuelto a decir no. El plan del presidente Pedro Sánchez para incorporar el catalán como lengua oficial en las instituciones de la Unión Europea se ha topado, una vez más, con el rechazo de una parte significativa de los Estados miembros, que ven en la propuesta un coste administrativo y traductor difícil de justificar en tiempos de presupuestos ajustados. La noticia, que en Madrid se lee en clave de tensión con los socios independentistas, en Galicia se traduce en una pregunta bastante más silenciosa: ¿y la nuestra?

Porque lo cierto es que el gallego comparte exactamente la misma situación que el catalán, el euskera o el valenciano dentro de la UE: son lenguas plenamente oficiales en sus territorios, con millones de hablantes, pero carecen de cualquier reconocimiento en las instituciones europeas. Solo veinticuatro lenguas tienen la condición de oficiales en Bruselas, y ninguna de las cooficiales españolas aparte del castellano figura en la lista. Cabe recordar que el gallego cuenta con más de dos millones de hablantes según el Instituto Galego de Estatística, una cifra que supera la población de varios Estados miembros como Eslovenia o Letonia, cuyas lenguas sí son oficiales en la Unión.

Una puerta que se cierra y otro eco que llega

El fracaso de la propuesta de Sánchez no es nuevo, de hecho. Ya en 2023 el Consejo de la Unión Europea dio al traste con un intento similar, con el voto en contra de países como Italia o los Países Bajos y la abstención de otros. Ahora bien, la reedición del intento y su nuevo descalabro reabren un debate que en Galicia siempre se ha seguido con cierta distancia, casi como espectadores de una película que ocurre en otra terra. Error, quizás. Porque cada movimiento en este tablero afecta directamente a las posibilidades de que el gallego algún día se escuche en el Parlamento Europeo sin necesidad de traducción.

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La posición oficial de la Xunta, mantenida por gobierno y oposición en este punto, ha sido históricamente favorable a la oficialidad del gallego en Europa. Ya en 2005, el entonces presidente Emilio Pérez Touriño registró una declaración formal ante el Comité de las Regiones reclamando ese reconocimiento. Casi veinte años después, el expediente sigue durmiendo en un cajón comunitario. La retranca gallega, esa capacidad de esperar sin quejarse demasiado, ha encontrado aquí uno de sus mejores ejemplos.

«El gallego no puede ser siempre el último de la fila. Si hay un debate sobre las lenguas en Europa, nuestra lengua tiene que estar en la mesa, no en el pasillo», protesta desde el ámbito cultural un responsable de una asociación pro normalización lingüística.

Los eurodiputados gallegos, entre la discrepancia

¿Y qué dicen los nuestros en Estrasburgo? Ahí está parte del problema. La representación gallega en el Parlamento Europeo está repartida entre fuerzas estatales con posturas muy distintas sobre las lenguas cooficiales. Algunos eurodiputados del PP, formación que gobierna la Xunta, apoyan públicamente la oficialidad del gallego pero se muestran críticos con la fórmula del Gobierno Sánchez para el catalán, a la que acusan de ser una «ced unilateral» para sostenerse en el Congreso. Los socialistas gallegos, por su parte, defienden que la propuesta beneficia a todas las lenguas cooficiales por igual, incluida la nuestra. El BNG lleva años reclamando desde el grupo de los Verdes un estatuto europeo para las lenguas sin Estado propio.

El resultado es una posición gallega fragmentada, sin una voz común. Y eso, en la burocracia europea, pesa. Los países que han logrado avances para sus lenguas minoritarias, como el caso del irlandés, que desde 2022 es lengua oficial plena de la UE, lo hicieron con una estrategia sostenida durante décadas y un consenso interno absoluto. Irlanda marcó el camino: primero estatus parcial en 2005, luego una petición expresa de su Gobierno, y finalmente la plena oficialidad. Un modelo que ningún Ejecutivo español, ni central ni autonómico, ha perseguido con la misma constancia para el gallego.

El coste de la espera

Los argumentos contra la ampliación son conocidos: los costes de traducción e interpretación se estiman en decenas de millones de euros anuales por cada lengua incorporada, una cifra que muchos Estados consideran desproporcionada. Sus defensores replican que se trata de una cuestión de derechos lingüísticos, no de contabilidad, y que la UE no se cansa de proclamar su lema «unidas en la diversidad» mientras deja fuera a más de cincuenta millones de europeos que hablan lenguas propias.

Mientras tanto, el gallego sigue en esa situación incómoda de lengua mayor en casa y menor fuera. Con la morriña de un reconocimiento europeo que nunca termina de llegar, y con cada pulso político madrileño funcionando como recordatorio de que su destino depende de negociaciones en las que apenas tiene protagonismo propio. El rechazo al catalán no lo perjudica directamente, cierto. Pero tampoco lo acerca ni un paso a Bruselas. Y la espera, ya se sabe, también cansa.