Más de una tonelada y media de productos fitosanitarios fue inmovilizada por el Seprona en un almacén clandestino de Zas (A Coruña). La intervención se produjo el 14 de mayo, en el marco de una operación nacional contra el tráfico ilegal de pesticidas. El material, sin autorización ni control sanitario, estaba guardado en condiciones inadecuadas para su almacenamiento. La cifra —1.567 kilogramos— habla por sí sola.
Los hechos
El operativo comenzó como una inspección rutinaria en un establecimiento minorista de venta de productos fitosanitarios en Zas, comarca de Barbanza. Agentes del Seprona, en coordinación con los servicios de Sanidad Vegetal de la Consellería de Medio Rural, detectaron serias irregularidades en la trazabilidad de los productos expuestos al público. Las discrepancias entre los registros oficiales y los existentes en el local activaron las alarmas inmediatas. No era un error administrativo. Era algo más serio.
Tras una investigación exprés, los agentes localizaron una nave a menos de 15 kilómetros del comercio, en un polígono industrial de uso dudoso. Al llegar, sorprendieron a varios empleados trasladando cajas a una furgoneta. Intentaban mover los productos. Dentro del almacén, hallaron un contenedor utilizado como depósito logístico improvisado, sin ventilación, sin señalización de riesgo ni medidas de contención ambiental. El espacio carecía de toda autorización administrativa. No estaba inscrito en el Registro de Establecimientos de Productos Fitosanitarios. Ni siquiera figuraba en el catastro como actividad comercial.
Como resultado, se inmovilizaron 1.567 kilos de sustancias químicas: herbicidas, fungicidas y plaguicidas, muchos de ellos de alta toxicidad. La mercancía fue precintada y sellada bajo custodia de las autoridades. Se instruyeron denuncias administrativas por infracciones graves en materia de sanidad vegetal, seguridad medioambiental y normativa de comercialización. Las actas ya están en manos de la autoridad competente. Nadie fue detenido, pero la investigación sigue abierta.
Contexto y antecedentes
Este caso no es aislado. En los últimos cinco años, la Xunta ha detectado un aumento del 40 % en operaciones relacionadas con el depósito ilegal de fitosanitarios. Entre 2020 y 2024, se han inmovilizado más de siete toneladas de productos en almacenes no autorizados, principalmente en zonas rurales de A Coruña, Lugo y Ourense. Muchos de estos depósitos funcionan bajo el radar, aprovechando la dispersión del territorio y la dificultad de control en pequeños municipios. Zas, con apenas 2.300 habitantes, no es una excepción.
La operación DOKU, bajo la que se enmarca esta intervención, se puso en marcha en 2022 tras una serie de alertas por intoxicaciones de ganado en zonas cercanas a naves agrícolas. A nadie se le escapa que el uso irresponsable de pesticidas tiene consecuencias directas en el suelo, el agua y la cadena alimentaria. En 2023, un estudio del Centro de Investigación Mariña Atlántica (CIMA) reveló residuos de glifosato en pozos de abastecimiento en tres municipios del sur de A Coruña. No parece casualidad.
Perspectiva y futuro
Las implicaciones van más allá de una simple multa. Este almacén operaba sin controles, sin seguimiento de caducidad, sin protocolos de emergencia. En caso de fuga o incendio, el impacto ambiental podría haber sido devastador. Ahí está la clave: no se trata solo de ilegalidad, sino de riesgo real para la salud pública. Un responsable del sector, que prefirió no dar su nombre, señaló que “hay una red paralela de distribución de productos baratos, sin IVA, sin garantías. Y se vende a agricultores que, a veces, no preguntan de dónde vienen”.
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