53 millones en ayudas bajo sospecha

Un paquete de ayudas públicas por valor de 53 millones de euros está en el centro de una polémica sobre su procedimiento de concesión. Aunque se insiste en que todo se ajustó a la legalidad, crecen las preguntas sobre la transparencia del proceso. Las sombras no se disipan, pese a las afirmaciones oficiales.

Un procedimiento en el ojo del huracán

El montante, de una cuantía poco habitual, fue canalizado a través de una convocatoria que, según fuentes administrativas consultadas, siguió los trámites establecidos. Se publicaron las bases, hubo plazos para presentar solicitudes y se nombró una comisión evaluadora. Todo, en apariencia, dentro del orden. Pero no todo lo reglado es necesariamente justo ni transparente.

Hay quienes señalan que los plazos se ajustaron demasiado al milímetro, favoreciendo a ciertos beneficiarios. Otros cuestionan el perfil de las entidades que finalmente obtuvieron los fondos. Varias de ellas tienen vínculos con sectores ya consolidados, mientras que pequeñas iniciativas locales, con proyectos de arraigo comunitario, quedaron fuera. La discrecionalidad, cuando no se explica, alimenta la desconfianza.

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Conviene recordar que en Galicia no es la primera vez que ayudas de gran calado terminan en manos de los mismos actores. Basta con mirar atrás una década para encontrar ecos similares: procedimientos técnicos impecables, pero con resultados que siempre parecen favorecer a los de siempre. La cifra habla por sí sola: 53 millones afectan a muchos, pero benefician a pocos.

Teléfonos desechables y cultura de la opacidad

En medio del debate, ha emergido una revelación que trasciende lo administrativo. Un alto cargo municipal, con experiencia en gestión pública durante los años clave, asegura que era habitual el uso de dispositivos de comunicación efímeros entre ciertos responsables de la época. No smartphones corporativos, ni líneas registradas, sino terminales que se cambiaban con frecuencia y no dejaban rastro.

Quien maneja esos aparatos sabe lo que evita: registros telefónicos, rastreos de comunicación, huellas digitales. No es menor el dato: si las decisiones sobre millones pasan por canales invisibles, el procedimiento formal se convierte en una fachada. Demasiado tiempo se ha dedicado a cumplir formularios, mientras las verdaderas resoluciones se tomaban en otra frecuencia.

Fuentes del entorno administrativo admiten, en conversaciones informales, que “no era raro” que ciertos temas no se trataran por correo institucional. “Todo quedaba en llamadas breves, luego se tiraba el teléfono”, señala uno, bajo condición de anonimato. Lo cierto es que si la gestión pública depende de canales paralelos, la rendición de cuentas se vacía de contenido.

Riesgo para la confianza ciudadana

El problema no son solo los 53 millones. Es lo que representan. Es la percepción de que, en ciertos círculos, las reglas se cumplen solo cuando conviene, y se eluden cuando es necesario. La ciudadanía no exige imposibles: pide coherencia, luz, trazabilidad.

En comarcas como A Mariña o Terra de Soneira, donde el empleo ligado a proyectos subvencionados es escaso, la sensación de exclusión es tangible. “Aquí no llegan esos fondos”, dice un responsable del sector social en Burela. “Llegan a las grandes plataformas, a los consorcios que tienen oficinas en Vigo o Santiago, pero no a quien trabaja con las manos en la tierra”.

La opacidad alimenta la desafección. Y cuando la gente deja de creer en los procesos, deja de participar. Pocas veces se ha visto con tanta claridad cómo una decisión técnica puede tener un efecto político enorme. No por lo que hizo, sino por lo que dejó entrever.

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