Belén do Campo, delegada de la Xunta en la provincia, presidió este martes, 10 de marzo de 2026, la reunión de la Comisión Territorial de Coordinación para evaluar el estado de las principales actuaciones del Gobierno gallego en A Coruña. El encuentro sirvió para hacer balance de los dos primeros meses del año y para priorizar medidas en materia de vivienda, desarrollo de suelo empresarial e inversiones en educación. La sesión, celebrada en la sede territorial, reunió a responsables autonómicos con el objetivo de acelerar proyectos clave y coordinar la tramitación administrativa. La Xunta justificó el encuentro en la necesidad de intensificar la ejecución de planes que afectan a municipios y áreas metropolitanas.

A la reunión asistió también la secretaria territorial, María Barreiro, junto a los directores territoriales de las distintas consellerías, que ofrecieron informes técnicos sobre el avance de obras y procedimientos. Según la administración autonómica, los informes reflejaron progresos en varios frentes pero también señalaron trámites pendientes que condicionan calendarios. La comisión actuó como foro para identificar cuellos de botella y acordar prioridades entre las áreas implicadas. La intención expresada por los responsables fue mantener un seguimiento periódico para asegurar la ejecución.

Entre los asuntos abordados figuró la nueva Ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas, que entró en vigor el 7 de marzo. La norma amplía el marco de actuación para prevenir riesgos entre la población menor, incluyendo adicciones vinculadas a sustancias así como comportamientos relacionados con el juego y las tecnologías. Durante la reunión se analizó cómo integrar esta normativa en programas preven­tivos locales y en centros educativos, combinando medidas de sensibilización con controles sobre la oferta. La Xunta defendió que la ley refuerza las herramientas de intervención temprana y coordinación interadministrativa.

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La vivienda fue uno de los capítulos centrales del encuentro. La consellería competente puso de relieve la declaración favorable de impacto ambiental al Proyecto de Interés Autonómico de Monte Mero, en A Coruña, que prevé urbanizar suelo para posibilitar la construcción de alrededor de 4.000 viviendas de protección pública. Ese plan, de gran envergadura, condiciona el desarrollo urbano y la disponibilidad de vivienda asequible en la ciudad y su área metropolitana. La administración subrayó que la actuación es estratégica para incrementar el parque público residencial y aliviar la demanda en el municipio.

Además de Monte Mero, la Xunta repasó otras actuaciones en la capital y su entorno. En San Pedro de Visma figura un proyecto que contempla la construcción de unas 3.600 viviendas, mientras que actualmente en A Coruña hay en tramitación y ejecución 476 viviendas de promoción pública: 368 en parcelas propias en el barrio de Xuxán, 101 en terrenos cedidos por el ayuntamiento y siete incluidas en el programa Rexurbe. Estos datos, dijeron los responsables, muestran un avance tangible aunque insuficiente para cubrir la demanda existente. La coordinación con los ayuntamientos y la agilidad en la urbanización de suelos fueron presentadas como factores decisivos.

En el municipio de Arteixo, la aprobación inicial del PIA de A Baiuca-A Penouqueira permitirá una inversión de 2,5 millones de euros en la urbanización del suelo con capacidad para facilitar la construcción de 160 viviendas. La Xunta también ha adjudicado la redacción del proyecto para levantar 17 viviendas públicas en Culleredo y mantiene las intervenciones del programa Rexurbe en Betanzos. Estos proyectos puntuales se suman a la estrategia autonómica destinada a duplicar el parque público de vivienda antes de finales de 2028, meta que requiere acelerar licencias y ejecuciones.

En materia económica, los responsables repasaron la tramitación de nuevos parques empresariales para ampliar la oferta de suelo industrial en la provincia, con iniciativas como el parque empresarial de Coristanco en fase de tramitación. La ampliación de espacios industriales se plantea como imprescindible para atraer inversiones y crear empleo en las comarcas, a la vez que se busca compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo. Las consellerías implicadas deberán articular calendarios de urbanización y compromiso de servicios para que las parcelas estén operativas.

La comisión concluyó con la voluntad de mantener un seguimiento periódico de estos expedientes y de aprobar medidas que despejen obstáculos administrativos. La Xunta defendió que los avances registrados en vivienda, suelo empresarial y educación confirman el ritmo de ejecución, aunque admitió que la consecución de los objetivos exigirá coordinación con las entidades locales y la resolución de trámites urbanísticos. Los próximos meses serán decisivos para comprobar si las promesas de inversión se traducen en obras y en oferta real para los ciudadanos de la provincia de A Coruña.