El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó el pasado 12 de marzo, con los votos a favor del Partido Popular y de Vox, una moción que insta al gobierno municipal a prohibir el acceso y la permanencia en dependencias públicas a personas que lleven el rostro totalmente cubierto, citando como ejemplos el niqab y el burka. La medida, votada en sesión plenaria, se plantea como una regulación del acceso “en casos de ocultación integral del rostro” y se justifica por sus promotores como una cuestión de seguridad. La iniciativa fue presentada originalmente por Vox y posteriormente retocada por el PP antes de su aprobación. La decisión ha abierto un fuerte debate político en la ciudad sobre libertades religiosas, competencias municipales y seguridad ciudadana.

En el texto aprobado, el Ayuntamiento insta a “establecer la prohibición de acceso o permanencia” en edificios municipales cuando la vestimenta u otros elementos oculten total o parcialmente el rostro de modo que impidan o dificulten la identificación. La moción incluye la referencia explícita a prendas como el niqab y el burka y menciona la posibilidad de aplicar la misma regla a cualquier accesorio que impida identificar a una persona, destacando la necesidad de garantizar la operativa de cámaras y controles de seguridad en dependencias públicas. El acuerdo no detalla aún el procedimiento de aplicación ni las sanciones en caso de incumplimiento, cuestiones que quedan a criterio del equipo de gobierno municipal.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, defendió la iniciativa durante el Pleno y, según explicó, dejó constancia de una experiencia personal en una entidad bancaria en la que una mujer completamente cubierta no pudo ser registrada por las cámaras. Badanelli llegó a plantear la cuestión en términos de “problemas de islamización”, aunque señaló que la moción no se centra en la religión sino en la seguridad. Su intervención fue empleada por los proponentes para subrayar la necesidad de que las fuerzas de seguridad y los servicios municipales puedan identificar a quienes acceden a edificios públicos.

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Desde el PP, el delegado de Seguridad, Jesús Coca, insistió en que la propuesta responde exclusivamente a criterios de seguridad y que no pretende regular la expresión religiosa en la vía pública. Coca puso como ejemplo prácticas aceptadas, como la imposibilidad de acceder a ciertas dependencias con casco de moto, para justificar la extensión de la norma a la ocultación del rostro. Su defensa remarcó que la medida busca homogeneizar los requisitos de identificación en espacios municipales para facilitar la vigilancia y el control de accesos.

La moción, sin embargo, provocó el rechazo frontal de la oposición. La concejala del PSOE, Alicia Moya, acusó a Vox de utilizar el debate para “verter su odio” hacia comunidades vinculadas al islam y señaló que el Ayuntamiento podría no tener competencias para imponer una prohibición de ese calado. Moya advirtió además de los riesgos de criminalizar a una minoría y de entrar en un terreno que puede suscitar recursos legales por vulnerar derechos fundamentales.

La concejala de Hacemos Córdoba, Irene Ruiz, también criticó la iniciativa y consideró improcedente ampararse en la seguridad cuando, dijo, problemas de ese tipo no son habituales en la ciudad. Ruiz sostuvo que la medida estigmatiza a mujeres concretas y que el PP ha contribuido a “blanquear” una propuesta que, en su opinión, persigue señalar a un colectivo vulnerables. Su intervención subrayó la preocupación por el mensaje simbólico y social que envía la aprobación de esta moción.

Fuera del Pleno, juristas y asociaciones en debates similares han planteado dudas sobre la viabilidad de normas locales que restrinjan la cobertura del rostro por motivos religiosos, aludiendo a posibles colisiones con derechos de libertad religiosa y de igualdad y a la competencia de la normativa estatal. En Córdoba, la aprobación del acuerdo abre ahora la vía a que el gobierno municipal concrete el texto reglamentario y la forma en que la medida será aplicada sin incurrir en vulneraciones jurídicas.

Mientras PP y Vox celebran el paso adelante como una mejora de la seguridad en edificios públicos, la oposición y diversos colectivos han anunciado su seguimiento de cerca y no descartan recursos o medidas de protesta si la ordenanza que se derive traslada la prohibición a la práctica. La polémica deja abierta la pregunta sobre hasta qué punto los ayuntamientos pueden regular la indumentaria por razones de identificación y qué impacto tendrán estas decisiones en la convivencia y los derechos civiles en Córdoba.