La Xunta propone urbanizar una bolsa de suelo en el barrio del Sagrado Corazón de Lugo, donde proyecta levantar 22 bloques que supondrían 1.265 viviendas sobre una superficie de 12 hectáreas; el plan, tramitado como Proxecto de Interese Autonómico, prevé iniciar las obras en 2028 y busca dar respuesta a la demanda de vivienda prevista para la próxima década. La iniciativa incluye la expropiación y urbanización de 84 fincas, la creación de un eje verde, una plaza pública, un carril bici y servicios, pero ha encontrado críticas entre vecinos y colectivos que reclaman más información y garantías sobre la gestión del suelo. El proyecto, encargado al estudio del arquitecto lucense José Alonso, se sometió a información pública con un plazo breve para alegaciones, lo que ha generado malestar. La Consellería plantea acelerar los plazos mediante la figura del PIA, con el argumento de articular oferta para el mercado local.

El ámbito afectado se sitúa entre las calles Serra de Meira, Calzada das Gándaras y Venancio Senra y ahora mismo está prácticamente libre de edificación. Los 84 suelos tienen un tamaño medio de 1.429 metros cuadrados y pertenecen mayoritariamente a particulares —el 84%—; el resto corresponde a entidades y administraciones, entre ellas la promotora Dmanán, que posee seis parcelas, y el Concello, con cinco. En el terreno hay además infraestructuras a retirar o recolocar: un grupo elevador de agua fuera de uso que será demolido, una antena de radiofrecuencia que se reubicará y varias construcciones accesorias previstas para expropiación, incluida la pista del colegio del Sagrado Corazón, que el plan integra en el nuevo diseño urbano.

Según la documentación municipal y autonómica, la Xunta será la encargada de expropiar los terrenos y acometer la urbanización, con un coste estimado en 15 millones de euros, que se sumará al precio de adquisición de las parcelas. La administración sacará después a concurso las parcelas urbanizadas para que promotores las adquieran y edifiquen. El calendario previsto contempla un desarrollo por fases y una puesta en obra progresiva, condicionada a la demanda y a la capacidad técnica del sector para construir de forma ordenada.

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El plan incluye, además de la oferta residencial, la ordenación de espacios públicos y dotaciones: un eje verde que atraviese el ámbito, una plaza y una red de vías que incorporará carril bici, zonas peatonales y espacios para equipamientos. En el proyecto también se recogen actuaciones puntuales de mejora de servicios básicos y movilidad para conectar el nuevo barrio con el tejido urbano existente. Los redactores sostienen que la ordenación pretende compatibilizar densidad residencial con espacios libres y equipamientos, aunque los detalles de la implantación aún suscitan dudas entre los afectados.

En el estudio que acompaña la propuesta se incluye un análisis demográfico y de mercado que calcula una necesidad de entre 2.500 y 3.000 viviendas en Lugo para el periodo 2025-2035, si se mantiene el crecimiento poblacional actual del 0,5% anual. Ese diagnóstico tiene en cuenta la existencia de inmuebles vacíos o infrautilizados y la necesidad de renovación del parque de viviendas, así como la existencia de más de 1.000 personas inscritas en el registro municipal de demandantes de vivienda. Con esos datos, la Xunta justifica la ampliación de la oferta como una medida para garantizar un mercado dinámico y evitar desequilibrios en precios y acceso.

La presentación del proyecto a los vecinos se saldó con numerosas alegaciones en un plazo de exposición pública de apenas 15 días, periodo que críticos y colectivos ecologistas como Adega consideran insuficiente para valorar el documento en profundidad. Entre las quejas se repiten objeciones por la densidad prevista, la valoración de las expropiaciones al precio de suelo rústico por tratarse de terrenos no urbanizados, y la falta de claridad sobre compensaciones y reubicaciones. En otras localidades donde se aplicaron fórmulas similares, algunos propietarios recurrieron y obtuvieron sentencias favorables, un antecedente que los opositores recuerdan con frecuencia.

Fuentes municipales reconocen que la figura del PIA permite agilizar trámites pero subrayan que se seguirán los cauces legales y que las expropiaciones se ajustarán a la normativa vigente. Los técnicos defienden que la urbanización facilitará servicios y mejorará la conectividad de la zona, mientras que los promotores ven la operación como una oportunidad para atender la demanda detectada. Sin embargo, vecinos de núcleos próximos, como Burozos, han mostrado su preocupación por la pérdida de suelo agrario y por el impacto paisajístico y ambiental de una intervención de esta escala.

El proceso seguirá los pasos administrativos habituales: la resolución de las alegaciones, la aprobación definitiva del proyecto y el calendario de expropiaciones y obras. La Consellería aún no ha detallado el reparto de parcelas entre vivienda libre y protegida ni el calendario completo de las distintas fases, lo que mantendrá la incertidumbre hasta que se publiquen más documentos. Mientras tanto, la polémica sobre la gestión del suelo y la necesidad real de tantas viviendas en una ciudad en lenta expansión promete prolongar el debate local sobre cómo ordenar el crecimiento urbano de Lugo.