El presidente Pedro Sánchez presentó este viernes un plan integral de respuesta a la crisis derivada de la guerra en Oriente Medio que moviliza 5.000 millones de euros y suma 80 medidas. La necesidad de avanzar con urgencia obligó al Gobierno a fragmentar el paquete en dos reales decretos: uno específico sobre vivienda y otro que agrupa las medidas económicas y energéticas. La votación se vio condicionada por el pulso con los ministros de Sumar, que llegaron a plantarse al inicio del Consejo de Ministros hasta que se garantizasen medidas sobre alquileres y protección de hogares.

Qué contiene el decreto económico: rebajas fiscales y medidas sobre la energía

El decreto general incluye una batería de medidas pensadas para reducir la factura energética de familias y empresas. El Ejecutivo anunció una reducción de la fiscalidad eléctrica en torno al 60 % y la rebaja del IVA de la electricidad del 21 % al 10 %. Se congelará el precio máximo del butano y del propano y se aplicará una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro en algunos carburantes —equivalente, según Moncloa, a cerca de 20 euros por depósito para un turismo medio—.

Además, se prorrogan hasta diciembre de 2026 los descuentos extraordinarios del bono social y se mantendrá la prohibición de interrumpir suministros esenciales a hogares vulnerables. El paquete incluye bonificaciones de hasta el 80 % en peajes eléctricos para la industria y un conjunto de deducciones en el IRPF destinadas a fomentar instalaciones de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor: una apuesta por la descarbonización y la soberanía energética con incentivos fiscales para particulares y pymes.

Para reforzar la supervisión del mercado, el Ejecutivo dotará a la CNMC de mayores competencias sancionadoras y de investigación. Según fuentes cercanas al Gobierno, estas facultades permitirán actuar con más agilidad contra prácticas anticompetitivas y garantizar que las reducciones fiscales se trasladen al consumo. Moncloa estima que alrededor de 20 millones de hogares y cerca de 3 millones de empresas se verán beneficiados por alguna de las medidas del decreto.

El pulso con Sumar y la decisión de separar vivienda

La negociación interna fue tensa. Los ministros de Sumar exigieron incluir medidas explícitas sobre vivienda antes de entrar al Consejo de Ministros, y su negativa atrasó la reunión más de dos horas. La salida encontrada por el Ejecutivo fue aprobar dos decretos: uno focalizado en vivienda y otro con el resto de actuaciones. Desde Sumar ya han dejado claro que no respaldarán el decreto de vivienda tal y como ha sido planteado y que analizarán «en profundidad» el decreto económico.

La fractura refleja una vieja tensión en la coalición: prioridades sociales vinculadas al acceso a la vivienda frente a respuestas inmediatas para contener el alza de costes energéticos. Cabe recordar que en episodios previos la vivienda ha sido punto de fricción entre socios del Gobierno; la decisión de desdoblar los textos permite sacar adelante medidas urgentes, pero deja en suspense las políticas de control del mercado del alquiler y de aumento del parque público de vivienda.

El formato elegido por Moncloa tiene ventajas tácticas: las medidas económicas más demandadas por sectores empresariales y territorios con alto consumo energético pueden entrar en vigor con mayor celeridad. No obstante, abre la puerta a que la tramitación del decreto de vivienda se convierta en herramienta de negociación parlamentaria, con enmiendas y condicionantes que podrían retrasar su aplicación o rebajar su alcance.

El telón de fondo internacional y las implicaciones para Galicia

La ofensiva en Oriente Medio ha tensionado ya rutas comerciales y precios de la energía. En ese marco, Sánchez defendió que el paquete responde a la necesidad de «proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria». La ministra de Defensa, Margarita Robles, informó además de la evacuación de los 200 militares españoles desplegados en Irak, trasladados a Turquía y otros países tras operaciones complejas.

«Podemos decir que en este momento los 200 militares están ya fuera del territorio iraquí, están ya en otros países de la zona, pero están perfectamente a salvo todos»,

dijo Robles en su videocomunicado.

En Galicia, las medidas energéticas fueron recibidas con expectación por sectores como la automoción en Vigo, la industria de la celulosa y las conserveras, que habían avisado del impacto del encarecimiento eléctrico en su competitividad. La bonificación en peajes y la reducción fiscal pueden aliviar márgenes y evitar ajustes laborales o cierres. También el impulso a la instalación de renovables y puntos de recarga encaja con proyectos locales que llevan tiempo promocionando ayuntamientos y cámaras de comercio.

Por otro lado, el mercado de la vivienda en ciudades gallegas como Vigo, A Coruña y Santiago observará con atención la tramitación del decreto de vivienda. Asociaciones de inquilinos y gobiernos locales reclaman medidas contra la especulación y más vivienda protegida; la división del paquete deja en el aire si esas demandas obtendrán respuestas sólidas y no meras promesas.

El Ejecutivo aspira a que las medidas energéticas tengan efecto inmediato para contener la inflación y el deterioro del poder adquisitivo antes de la primavera, pero la estabilidad de la coalición será determinante. Si las tensiones con Sumar se recrudecen, la tramitación del decreto de vivienda puede complicarse y, con ello, la percepción ciudadana sobre la capacidad del Gobierno para proteger los derechos básicos en momentos de crisis internacional.

La próxima semana será clave: el Gobierno deberá pulir el decreto de vivienda para buscar apoyos y explicar con detalle cómo se supervisarán los ahorros anunciados. Galicia, con su tejido productivo y su mercado residencial particular, tendrá en esa negociación motivos de interés inmediato. A falta de confirmación oficial sobre el alcance final de cada medida, la gran pregunta es si este plan logrará conjugar rapidez y justicia social o si el temporal internacional acabará por imponer nuevas prioridades en la agenda política.