El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes arrancó entre tensión y demora: los cinco ministros de la plataforma Sumar abandonaron la sala y exigieron que las medidas en materia de vivienda entraran en el paquete anticrisis. Tras dos horas de bloqueo, el Ejecutivo acordó aprobar finalmente dos reales decretos distintos: uno con medidas para contener el encarecimiento de la energía y otro con iniciativas sobre vivienda, entre ellas la prórroga automática de contratos de alquiler. La jornada deja al descubierto las fricciones internas del Gobierno a menos de tres años sin Presupuestos y en plena convulsión internacional.

El pulso dentro del Ejecutivo y el contenido de los decretos

La protesta tuvo rostro y nombres. Los ministros de Sumar —Sira Rego, Yolanda Díaz, Ernest Urtasun y Mónica García, junto a Pablo Bustinduy— se ausentaron de la sesión hasta que no se atendieran las demandas sobre vivienda que habían puesto como condición. Ese gesto obligó a retrasar el inicio del Consejo cerca de dos horas y a negociar sobre la marcha la fórmula jurídica para sacar adelante las medidas que el Gobierno considera urgentes ante la crisis de precios y la inestabilidad generada por la guerra en Oriente Medio.

El primer decreto incluye un paquete para contener la subida de los costes energéticos: reducción de impuestos sobre carburantes y la electricidad, la ampliación del bono social eléctrico y un mecanismo para controlar los márgenes empresariales en el suministro de combustible. Esa herramienta —gestionada a través de la CNMC— habilitará al Consejo de Ministros para fijar límites a los márgenes de beneficio cuando se detecten sobreprecios en la cadena de suministro.

El segundo real decreto, impulsado por Sumar, se centra en políticas habitacionales. Entre las medidas figura la prórroga automática de los contratos de alquiler que vencen este año —afectaría a alrededor de 600.000 arrendamientos según las cifras manejadas por el Gobierno— y otras iniciativas para aliviar la presión sobre los hogares con rentas más bajas. Fuentes de la coalición trasladaron que ambos decretos se firmarán por separado para no diluir las propuestas de vivienda reclamadas por la formación de Yolanda Díaz.

Contexto político: fricciones que ya no son nuevas

Las discrepancias entre PSOE y Sumar no son un fenómeno nuevo. Desde la formación del Gobierno de coalición en 2023, la convivencia entre las dos familias políticas ha exigido constantes acuerdos de última hora y cesiones mutuas. La decisión de separar los decretos responde tanto a la necesidad de avanzar con medidas urgentes como a la voluntad de dar visibilidad política a propuestas que Sumar quiere vincular a su identidad programática.

En Moncloa admiten, no obstante, la dificultad parlamentaria. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció después del Consejo que el decreto de vivienda aún no cuenta con mayoría en el Congreso para su convalidación y que tocará negociar con otros grupos. «La vivienda es un asunto fundamental para los ciudadanos», afirmó en la rueda de prensa, subrayando que el Ejecutivo no renuncia a proporcionar una respuesta a la emergencia habitacional.

Para el PSOE estas tensiones internas son, según Sánchez, «un activo» frente a una oposición que aprovecha cualquier fisura para desmontar la estabilidad del Ejecutivo. En la práctica, la coalición se mueve en una cuerda floja: sin Presupuestos aprobados desde hace años y con la fragmentación parlamentaria como telón de fondo, cada decreto-ley exige un esfuerzo adicional de pactos para evitar que decaiga en la Cámara Baja.

Reacciones, riesgos y próximos pasos

La derecha no tardó en aprovechar el episodio. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó en redes sociales que lo sucedido «haría caer el gobierno de cualquier país democrático» y calificó al Ejecutivo de «roto». El mensaje del PP se lanzó con la etiqueta «No a la guerra… en el Consejo de Ministros», en alusión sarcástico al retraso provocado por el veto de los ministros de Sumar.

«Esta noticia haría caer el gobierno de cualquier país democrático», escribió la portavoz popular, poniendo en cuestión la estabilidad del gabinete en un momento de incertidumbre internacional.

En el Gobierno minimizan el dramatismo. Fuentes próximas a la negociación insisten en que la separación de decretos es una solución pragmática para acelerar las respuestas a la subida de precios mientras se siguen cerrando acuerdos políticos para la vivienda. No obstante, el calendario apremia: los reales decretos tendrán que someterse a la convalidación del Congreso, donde la tentación de la oposición de tumbarlos crece si no se articulan apoyos suficientes.

La disputa también abre interrogantes sobre la estrategia de Sumar. Para la formación de Yolanda Díaz, exigir la concreción de medidas de vivienda antes de participar en el Consejo supone un movimiento de presión que aspira a trasladar la percepción de que defiende los intereses de los hogares más golpeados por la inflación. A la vez, incrementa la visibilidad de sus ministros en un Ejecutivo marcado por la alternancia de protagonismos.

En Galicia, donde la mayoría electoral tradicionalmente ha mostrado preferencia por el centro y la derecha, el episodio resonará en clave local. La inflación energética y la carestía de la vivienda son reclamaciones presentes en ciudades como Vigo, A Coruña y Santiago, y cualquier paquete estatal de medidas se percibe aquí tanto por su impacto económico como por su simbolismo político: el PP de Alberto Núñez Feijóo vigila con interés cualquier signo de desunión en Madrid.

El desenlace práctico depende ahora de la capacidad de negociación del Ejecutivo en las próximas semanas. El Gobierno ha anunciado que presentará además un plan de 5.000 millones con 80 medidas para mitigar el impacto de la crisis derivada de la guerra en Oriente Medio, pero la efectividad de esas cifras se medirá en el Congreso. Si los dos decretos superan la prueba de la convalidación, habrán cumplido la función inmediata. Si no, la fractura interna se convertirá en asunto central de la agenda política y, con ella, aumentará la incertidumbre sobre la gobernabilidad hasta las próximas citas electorales.