El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esquivó este viernes una respuesta clara sobre cuándo llevará al Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2027. Según explicó, la prioridad inmediata del Ejecutivo son los reales decretos ley que recogen las medidas destinadas a mitigar el impacto económico de la escalada del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, una crisis que, en su opinión, exige actuaciones rápidas antes que el trámite presupuestario.
Qué dijo el Ejecutivo y qué medidas justifican la demora
En un breve encuentro con los medios, el jefe del Ejecutivo subrayó la gravedad de la situación internacional como motivo para aplazar el anuncio de las cuentas. «Creo que la dimensión, la envergadura de esta crisis… son gravísimas», señaló, en palabras que reflejan la urgencia con la que Moncloa trata de aprobar paquetes urgentes por la vía del real decreto-ley. La vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, estimó el jueves que la demora se prolongará «unas semanas», una respuesta que deja ya la fecha en el mes de abril si se cumple esa previsión.
«El Gobierno cumplirá con su obligación», dijo Sánchez, al tiempo que defendía la prioridad de las medidas inmediatas.
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El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aportó otra pieza del rompecabezas: la situación económica ligada a este nuevo foco de inestabilidad, aseguró, no es la misma que la vivida durante la guerra de Ucrania, pero está afectando a los precios de la energía. El indicador del barril de Brent que sirvió de referencia para el cuadro macroeconómico con el que se cerraron las cuentas se ha disparado: el Ejecutivo calculó el precio en 68 dólares por barril y hoy se mueve alrededor de niveles sensiblemente más altos, lo que complica las previsiones fiscales.
En Galicia esa variación ya tiene efectos palpables. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, el diésel se ha encarecido casi 50 céntimos por litro desde el inicio del conflicto el 28 de febrero; la gasolina 95 se ha incrementado cerca de 30 céntimos. Para una comunidad con un fuerte tejido vinculado al transporte, la pesca y el sector primario, estos incrementos suponen un coste operativo inmediato para transportistas y armadores en puertos como Vigo y A Coruña.
Antecedentes: por qué es relevante la presentación presupuestaria
No es la primera vez en esta legislatura que el calendario presupuestario se tambalea. El Gobierno lleva tres ejercicios sin aprobar unas nuevas cuentas: los últimos Presupuestos validados proceden del paquete aprobado en noviembre de 2022 y prorrogado desde entonces. En diciembre, el Ejecutivo presentó por segunda vez la senda de estabilidad en el Congreso, pero aquel intento fue rechazado por una mayoría formada por PP, Vox, UPN y Junts, lo que complicó la capacidad del Ejecutivo para avanzar con seguridad en la confección del presupuesto.
Conviene recordar que, pese a los rechazos parlamentarios de la senda, la mera presentación de las cuentas habilita al Gobierno para configurar el presupuesto. El verdadero escollo político es la obtención de los apoyos necesarios en la tramitación posterior. Además, el asunto tiene un componente jurídico: el Senado, con mayoría del PP, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional pidiendo que se declare nula la práctica de prorrogar indefinidamente los presupuestos y que se fije una fecha límite para su presentación.
En ese escenario, la ministra Montero ha defendido reiteradamente la legalidad de las prórrogas; su posición se complica, no obstante, por la doble responsabilidad que afronta: dirigir la política fiscal del país mientras prepara su candidatura al Gobierno andaluz. La convocatoria electoral autonómica exige, según la práctica adoptada por la Junta, un margen de 54 días entre la convocatoria y la fecha del sufragio, algo que condiciona la operativa si Montero decide formalizar su salto a la política regional y mantiene la intención de presentar las cuentas.
Repercusiones políticas, económicas y el calendario que se abre
La decisión de priorizar reales decretos ley por la vía de la urgencia busca atajar los efectos más inmediatos de la crisis energética: ayudas a transportistas, bonificaciones sobre carburantes, mecanismos de estabilización para el precio del carburante en la pesca… Sin embargo, la ausencia de un proyecto de Presupuestos dificulta la planificación a medio plazo, la ejecución de inversiones y la certeza para comunidades como Galicia, que dependen de partidas específicas para infraestructuras portuarias, carreteras y apoyo al sector primario.
En el plano político, la táctica del aplazamiento comporta riesgos para el PSOE. Mantener la bandera de la gestión frente a la oposición mientras se esquiva una fecha concreta puede desgastar la percepción de control y previsibilidad. Además, si el recurso del Senado prospera, el Tribunal Constitucional podría imponer salvaguardias que obliguen a acotar plazos y a forzar decisiones, con el consiguiente impacto mediático y jurídico.
Los mercados y las agencias de calificación observan con atención la capacidad del Gobierno para presentar unas cuentas creíbles en tiempos de shocks externos. Una senda fiscal diseñada con un Brent a 68 dólares resulta hoy insuficiente si los precios se mantienen en niveles mucho más altos; ello podría traducirse en revisiones de déficit, ajustes temporales o la necesidad de mayores medidas compensatorias.
Para Galicia, los próximos meses serán decisivos. El coste del diésel encarece la flota pesquera y el transporte por carretera; los productores agrícolas y ganaderos ya sienten la presión de los insumos; y el turismo, que se prepara para la temporada, vigila la evolución de los precios. Que el Ejecutivo priorice medidas urgentes es comprensible. Que no fije una fecha para presentar el conjunto de las cuentas genera, sin embargo, una incertidumbre que ninguna empresa ni administrador público desea afrontar en plena cuesta estival.
Queda por ver si las «semanas» de Montero se reducen a un par y permiten un anuncio en abril, o si la suma de riesgos —internos y externos— lleva la agenda presupuestaria más allá, quizá hasta octubre, el mes que la Constitución y los plazos electorales ponen sobre la mesa. Antes de ese desenlace, la ciudadanía, los mercados y las comunidades autónomas como Galicia demandan algo elemental: previsibilidad. Y esa previsibilidad pasa por una fecha concreta y por un relato fiscal que explique cómo se afrontarán los costes de una crisis cuyos primeros impactos ya se sienten en las estaciones de servicio y en los muelles de nuestra costa.
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