La «banda marrón» se extiende por el norte gallego y la Xunta promete actuaciones urgentes

La directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, anunció esta semana que la Xunta agilizará los trámites para sustituir piñeiros que resulten no viables a causa de la llamada «banda marrón». La declaración, adelantada por la propia consejería, llega cuando técnicos y ayuntamientos del norte de Galicia alertan de un deterioro creciente en pinares de comarcas como A Mariña, Ortegal y las riberas del Eume.

Qué es la «banda marrón» y dónde golpea con más fuerza

El término se ha instalado en conversaciones entre guardas del monte, ingenieros de montes y propietarios: describe franjas de pinar con brotación deficiente, pérdida progresiva de masa foliar y, en casos avanzados, pies que dejan de ser aprovechables. No es un problema uniforme: aparecen focos en laderas húmedas y en cotas medias, pero también en rodales de repoblación reciente donde la resistencia de los ejemplares es baja.

La afección no se circunscribe a una sola provincia. En O Valadouro y Burela se han detectado rodales afectados junto a fincas de explotación mixta; en Ortegal, la fragmentación de la propiedad complica diagnósticos y actuaciones; y en las áreas próximas al río Eume, con su microclima atlántico, los técnicos llaman la atención sobre cómo la humedad puede acelerar la sintomatología. Moraña, municipio de origen de Piñeiro, aparece ahora en la biografía de la responsable autonómica que conoce el monte desde la praxis y no sólo desde los despachos.

La Xunta anuncia, además, la próxima publicación de una instrucción que matizará las excepciones a la moratoria sobre plantaciones de eucalipto, una pieza clave para saber con qué especies podrán replantarse los huecos dejados por los piñeiros muertos o no viables.

«Axilizaremos os trámites para substituír piñeiros que non sexan viables pola banda marrón» —dijo Piñeiro en su intervención—.

Entre la urgencia productiva y la prevención ambiental

En el terreno, las decisiones no pueden esperar. Propietarios de pequeñas parcelas señalan que una muerte masiva de pies supone la pérdida de una cosecha esperada y de la posibilidad de financiación para futuras actuaciones. Serrerías locales y talleres de transformación ya advierten de que la calidad de la madera podría bajar si no se retiran y gestionan con criterio los rodales afectados.

Al mismo tiempo, existe una preocupación legítima sobre el uso del eucalipto como salida rápida. La moratoria que regula su expansión fue diseñada para frenar plantaciones masivas que han marcado el monte gallego durante décadas y han estado vinculadas a debates sobre incendios y biodiversidad. La instrucción que prepara la dirección xeral debe concretar supuestos tasados —afectaciones técnicas demostradas, ausencia de alternativas locales, responsabilidad de regeneración— para evitar que la excepción se convierta en norma.

Los técnicos insisten en que cualquier intervención debe llevar aparejado un plan de seguimiento: análisis fitosanitarios antes y después de la retirada, control de plagas potenciales y una planificación de especies de sustitución que incluya, siempre que sea viable, alternativas autóctonas o mezclas que aumenten la resiliencia del monte.

Repercusiones municipales y logísticas

Alcaldes y responsables de comunidades de montes han trasladado a la Xunta la necesidad de apoyo técnico y económico. La retirada de arbolado enfermo exige maquinaria especializada, plataformas de trabajo en ladera y transporte que en muchos casos encarecen la intervención por encima del valor de la madera extraída. En comarcas con titularidades fragmentadas, organizar cortas y replantaciones colectivas requiere tiempo y acuerdos entre comuneros, una labor en la que los ayuntamientos esperan apoyo institucional.

La prevención de incendios forma parte del debate. La pérdida de continuidad de la masa forestal puede tener efectos contradictorios: en algunos puntos reduce combustible, pero en otros genera matorrales y vegetación pionera más inflamable si no se gestiona. Ingenieros de montes recuerdan la necesidad de diseñar franjas de gestión en los bordes de núcleos urbanos y en las laderas más expuestas, incorporando criterios de defensa del suelo y de captación de agua, esenciales en la gestión de cuencas atlánticas.

También hay un aspecto social: muchas familias dependen de ese monte para complementar rentas o para contratos de trabajo en labores de corta y transporte. La Xunta deberá articular no solo autorizaciones, sino formación y ayudas para que las actuaciones se realicen con las garantías higiénico-sanitarias y de seguridad exigibles.

En el pasado reciente Galicia ha visto cómo decisiones mal calibradas en repoblaciones llevaron a problemas estructurales. Por eso, aunque la rapidez es necesaria, varios colectivos —desde comunidades de montes hasta asociaciones conservacionistas— reclaman que no se renuncie al rigor técnico ni a la transparencia en la concesión de excepciones.

La instrucción que prepara la dirección xeral, según fuentes de la propia administración, pretende conciliar la urgencia con criterios científicos; introducirá supuestos concretos de excepción y dará prioridad a actuaciones que incluyan recuperación de funciones ecosistémicas, no solo productividad a corto plazo.

La «banda marrón» plantea, en definitiva, un desafío que va más allá de la sustitución de pies: exige una relectura de la planificación forestal en Galicia, con decisiones que combinen respuesta inmediata y visión a medio plazo. La promesa de Luisa Piñeiro abre una ventana operativa; queda por ver si la Xunta es capaz de convertirla en instrumentos efectivos que sumen a propietarios, ingenieros, ayuntamientos y técnicos forestales alrededor de una estrategia común. Sólo así se podrán evitar soluciones parche y promover un monte más sano, diverso y viable para las próximas décadas.