Ourense: juicio aplazado en la causa por presuntas agresiones a dos menores

La madre, acusada también de enviar a la pequeña sola al supermercado, se enfrenta a una petición de tres años

El Juzgado de lo Penal de Ourense tiene pendiente resolver una causa que sitúa en el centro del debate público la protección de menores y la respuesta de las administraciones locales. La persona acusada responde por hechos que incluyen, según el escrito de acusación, el envío de una hija de nueve años a comprar sola y la asfixia de la hija mayor, actuaciones por las que la Fiscalía solicita una pena de tres años de prisión.

La vista oral prevista para aclarar los hechos no llegó a celebrarse en la fecha señalada: la incomparecencia de la parte denunciante obligó a la titular del órgano penal a suspender la sesión y fijar una nueva fecha procesal. Fuentes judiciales consultadas sobre el trámite confirman que el procedimiento continúa abierto y que la diligencia pendiente será reanudada cuando se garantice la presencia de las partes implicadas.

Declaraciones y versión de los investigados

Durante la fase de instrucción, la persona investigada trató de matizar la relación con sus hijas presentándola como distinta a la que se ha esbozado en la acusación, en un intento por explicar las circunstancias que rodearon los episodios que ahora se juzgan. No obstante, las pesquisas policiales que se practicaron en el domicilio familiar describen una realidad de desatención que, según el atestado, incluía la ausencia prolongada de un adulto y menores que quedaron en situación de vulnerabilidad mientras, presuntamente, la progenitora se ausentaba.

Los detalles concretos de la instrucción forman parte del sumario, pero en términos generales la causa combina posibles conductas tipificadas como abandono de familia o desamparo y agresiones a menores, materias sobre las que el Ministerio Fiscal basa su petición de pena. El proceso penal debe ahora dirimir la concurrencia de responsabilidad penal y la gravedad de los hechos en función de las pruebas practicadas.

Reacción y reflexiones sobre la protección infantil

Más allá del caso concreto, el expediente ha reavivado en Ourense la discusión sobre la coordinación entre fuerzas de seguridad, los servicios sociales y el sistema judicial cuando se detectan señales de riesgo en el entorno familiar. Profesionales del ámbito de la protección de menores suelen señalar que los episodios de desatención pueden escalar a situaciones de daño grave si no se actúa con premura, y que la respuesta administrativopenal debe ir acompañada de medidas de apoyo y seguimiento para las familias afectadas.

En Galicia, como en el resto del país, existen protocolos destinados a la detección temprana y a la intervención interinstitucional; sin embargo, casos como este ponen el foco en la dificultad práctica para garantizar la protección efectiva en todos los supuestos y en la necesidad de reforzar los recursos destinados a la prevención y a la atención social.

Implicaciones judiciales y administrativas

Si la petición de la Fiscalía prosperara en sus términos, la condena prevista sería de carácter privativo de libertad; sin embargo, en el proceso penal también pueden concurrir medidas complementarias o alternativas en función de la valoración judicial, la existencia de atenuantes o agravantes y los informes periciales que evalúen el daño causado y la capacidad de la persona para responder por los hechos.

Además de la esfera penal, el caso puede derivar en expedientes administrativos dirigidos a revisar la situación de las menores y, en su caso, a adoptar medidas de protección que garanticen su seguridad y su desarrollo. La adopción de estas medidas corresponde a los servicios competentes y suele sustentarse en informes sociales que evalúan el entorno familiar y las necesidades de los niños.

Próximos pasos y seguimiento

La suspensión de la vista ha pospuesto la posibilidad de obtener un pronunciamiento judicial definitivo. La magistrada responsable del trámite ha dejado señalada una nueva fecha para continuar el procedimiento, pendiente de que comparezcan las partes. Mientras tanto, la causa sigue abierta y las diligencias preparatorias continúan su curso.

El caso mantiene la atención en Ourense, no solo por la naturaleza de los hechos que se investigan sino por las preguntas que plantea sobre la capacidad de detección y respuesta ante situaciones de riesgo infantil. La reanudación del juicio permitirá completar la fase probatoria y, eventualmente, aportar una resolución que, además de dirimir responsabilidades penales, pueda orientar las medidas de protección necesarias para las menores implicadas.

Con información de medios gallegos