Confusión en los juzgados gallegos tras la última reforma judicial

Los pasillos de los tribunales gallegos se han llenado de incertidumbre tras la aprobación de la nueva ley de reorganización judicial. Magistrados, funcionarios y abogados reconocen que el escenario es de confusión, con dudas sobre competencias, reparto de causas y funcionamiento diario. La reforma, que entró en vigor hace apenas unas semanas, ha pillado a muchos con el pie cambiado.

El desconcierto no se limita a las grandes ciudades. En comarcas como O Morrazo o la Terra Chá, los cambios están generando inquietud entre quienes dependen de estos servicios, desde litigantes hasta cuerpos de seguridad. La nueva estructura, lejos de aclarar el panorama, ha abierto un periodo de ajustes y preguntas sin respuesta clara. Y la sensación, en muchos despachos, es que el proceso puede ser largo.

Un cambio de calado, pero con escasa pedagogía

La nueva ley, promovida desde el Ministerio de Justicia e implementada en las comunidades autónomas, tiene como objetivo modernizar el sistema judicial. Entre sus principales medidas está la redistribución de competencias entre juzgados y la reagrupación de sedes. Sin embargo, la cascada de órdenes y circulares ha resultado, en muchos casos, insuficiente para explicar en qué se traduce el cambio en el día a día.

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En la Rúa do Xulgado de Pontevedra, empleados públicos admiten que las instrucciones llegan a cuentagotas y a menudo sin margen para prepararse. «Cada semana parece que hay una normativa nueva», comenta un funcionario judicial. Las consecuencias son visibles: retrasos en la asignación de expedientes, dudas sobre a qué sede corresponde una vista, confusión entre los propios letrados.

Conviene recordar que el sistema judicial gallego arrastra, desde hace años, problemas de saturación. Cualquier alteración de calado, si no va acompañada de recursos y formación, puede agravar una situación ya delicada. Ahí está la clave de la inquietud que recorre los juzgados.

Impacto en la ciudadanía y los profesionales

Quien necesita acudir a los tribunales en municipios como Sarria o Carballo se topa, desde la entrada en vigor de la ley, con dificultades añadidas. No es raro que ciudadanos tengan que desplazarse a otra localidad porque su caso ha cambiado de sede. Para quienes residen en zonas rurales, esto supone más tiempo y gastos.

No es menor el dato de los abogados y procuradores, que denuncian la falta de un calendario claro para la implantación total de la reforma. «La incertidumbre es la peor compañera en nuestro trabajo», reconoce un responsable del sector. El Colegio de Abogados de A Coruña ha recibido consultas diarias sobre el funcionamiento de los nuevos órganos, evidencia de que la información no llega a todos los afectados.

Algunas vistas han tenido que reprogramarse por dudas sobre la competencia territorial. También se han dado situaciones en las que un mismo caso ha pasado por manos de dos juzgados distintos en menos de una semana. Demasiado caos para un servicio que debe ser sinónimo de seguridad jurídica.

Antecedentes y resistencias internas

Pocas veces una reforma judicial ha generado tanto debate interno en Galicia. La comunidad, con un mapa judicial muy atomizado, ya vivió hace una década una tentativa de reagrupación de partidos judiciales que encalló ante la presión de magistrados y alcaldes. Ahora, la diferencia es que la ley tiene rango nacional y se aplica de manera uniforme, pero la resistencia persiste.

Fuentes judiciales consultadas señalan que la falta de diálogo previo ha alimentado el malestar. Los sindicatos de funcionarios reclaman formación específica y refuerzo de plantillas ante el aumento de trámites derivados del cambio. Mientras, asociaciones de jueces ponen el acento en el riesgo de pérdida de cercanía con el ciudadano, especialmente en provincias como Lugo y Ourense.

Basta con mirar los datos del Consejo General del Poder Judicial para entender el alcance.

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