La justicia gallega colapsa: juicios urgentes se aplazan hasta tres años

Un atasco histórico sacude los juzgados gallegos: los procedimientos considerados urgentes soportan demoras de hasta tres años. Así lo denuncian distintos colectivos de abogados que, desde hace meses, advierten del impacto que esta situación tiene en ciudadanos y empresas. El sistema judicial gallego, ya tensionado tras la pandemia, muestra ahora su peor cara en partidos judiciales de toda la comunidad.

Juicios rápidos que nunca llegan: el día a día en los juzgados

Difícil de imaginar, pero real: un vecino de Lugo que denuncia una agresión o un robo puede esperar hasta 36 meses para ver al acusado sentado ante el juez. Lo mismo ocurre en Santiago, Ourense o Vigo. No se trata de casos excepcionales, sino de una tendencia que gana terreno. Un responsable del sector jurídico gallego habla de “desesperación” entre letrados y clientes. Nadie es ajeno al problema: ni los abogados de oficio ni los que trabajan en grandes despachos.

Conviene recordar que los llamados “juicios rápidos” están pensados para delitos menores y situaciones que requieren una respuesta ágil. Sin embargo, la realidad contradice el nombre. La cifra habla por sí sola: en ciudades como A Coruña, el tiempo de espera para un procedimiento urgente supera con frecuencia los dos años y medio, según fuentes judiciales. En el caso de los juzgados de violencia de género, la saturación alcanza niveles críticos, con agendas bloqueadas y aplazamientos en cadena.

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Las causas del atasco: falta de medios y arrastre tras la pandemia

¿De dónde viene este cuello de botella? Hay varias claves. Para empezar, la escasez de personal es un mal endémico en la administración de justicia gallega. Los sindicatos insisten en que faltan jueces, funcionarios y recursos tecnológicos. Lo cierto es que la digitalización avanza a un ritmo desigual y que muchos expedientes aún se tramitan en papel. Así lo confirma una fuente interna de la administración autonómica.

A nadie se le escapa que el parón provocado por la crisis sanitaria dejó decenas de miles de procedimientos pendientes. El efecto dominó se nota año tras año. Basta con mirar las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial: Galicia es una de las comunidades donde más crecen los asuntos sin resolver. El retraso no solo afecta a la jurisdicción penal; también los juzgados de lo social y lo contencioso-administrativo se ven desbordados.

En paralelo, las bajas laborales y las vacantes sin cubrir agravan el problema. Un alto cargo municipal reconoce que la situación en los juzgados de instrucción “no tiene precedentes”. La sobrecarga de trabajo genera errores, suspensiones y una sensación de impotencia cada vez más generalizada entre quienes acuden a los tribunales.

Consecuencias para los ciudadanos y el tejido económico

¿Quién paga el precio de esta lentitud? Los ciudadanos, en primer lugar. Personas que denuncian delitos leves, víctimas de violencia o consumidores que reclaman frente a abusos empresariales ven cómo sus expectativas de justicia se diluyen con el paso del tiempo. Demasiado tiempo. Un abogado compostelano relata que tiene clientes que renuncian a seguir adelante porque desconfían del sistema.

El impacto económico tampoco es menor. Pequeñas empresas y autónomos pierden oportunidades de negocio mientras esperan una resolución judicial. La inseguridad jurídica disuade a potenciales inversores, sobre todo en sectores como la construcción o la hostelería, donde los conflictos laborales y mercantiles son frecuentes. No parece casualidad que en polígonos industriales del área de Vigo se repitan las quejas por la lentitud de los juzgados.

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