El sector social coruñés exige menos trabas para regularizar migrantes

Las organizaciones sociales de A Coruña han intensificado sus demandas al Gobierno central para que acelere y simplifique la regularización de personas migrantes. La ciudad vive una situación de bloqueo: cientos de personas esperan, con contratos firmados o posibles, poder trabajar legalmente. Mientras tanto, la incertidumbre y los plazos ajustados generan inquietud tanto en los beneficiarios como en quienes los acompañan.

Un proceso lleno de obstáculos y plazos apretados

Difícil encontrar a alguien en las entidades sociales de la calle Cordelería que no tenga una historia reciente de frustración con los trámites de regularización. “Hay muchísima gente esperando para trabajar”, resume un alto cargo de una ONG local, cansado de ver cómo pasan los meses sin solución. No es menor el dato: la mayoría de las personas migrantes con las que tratan cumplen requisitos y tienen ofertas laborales concretas, pero el laberinto burocrático y los plazos estrechos del proceso anunciado por el Gobierno amenazan con dejar a muchos fuera.

A nadie se le escapa que el anuncio de la administración central, prometiendo una regularización exprés para quienes acrediten un contrato, ha generado una oleada de esperanza. Sin embargo, fuentes del sector social advierten de que el plazo de tres meses para presentar solicitudes es demasiado corto, sobre todo teniendo en cuenta la avalancha prevista. Lo cierto es que en A Coruña la respuesta institucional va por detrás de la realidad: hay empresas, especialmente del sector servicios, que necesitan urgentemente cubrir vacantes, pero no pueden contratar a quienes llevan años en espera de papeles.

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Esperas largas, vidas en pausa y empleadores desesperados

Quien pase por la zona de Plaza de Lugo o por cualquier barrio de la periferia coruñesa escuchará el mismo relato: personas migrantes en situación irregular, con experiencia y ganas de trabajar, atrapadas en un limbo administrativo. La cifra habla por sí sola: desde la pandemia, las solicitudes de regularización han crecido más de un 40% en la comarca, según datos de la Subdelegación del Gobierno. A pesar de ello, la tasa de resolución sigue siendo baja.

“Los empleadores nos llaman cada semana, no entienden por qué no pueden incorporar ya a quienes necesitan”, explica un responsable del sector hostelero. Muchos pequeños negocios, desde cafeterías en Monte Alto hasta almacenes en Matogrande, apuntan a la escasez de mano de obra como uno de sus principales problemas. Y, sin embargo, la solución parece a mano: cientos de personas ya viven aquí, hablan gallego o castellano y están listas para cotizar.

Conviene recordar que la situación no es nueva. Ya en 2022, tras la crisis sanitaria, las asociaciones advirtieron del aumento de la precariedad entre quienes no lograban regularizar su situación. Desde entonces, la presión no ha hecho más que crecer. Demasiado tiempo.

Temor a un colapso y petición de garantías

Las entidades sociales se muestran satisfechas con el principio de acuerdo por parte del Ejecutivo, pero insisten en que hace falta claridad y garantías. “No sabemos todavía los criterios exactos. Hay miedo a que la avalancha de solicitudes colapse las oficinas y muchos se queden fuera por detalles técnicos”, advierte una trabajadora social veterana.

El temor no es infundado. Basta con mirar lo ocurrido hace apenas un año con el Plan de Empleo para Jóvenes: el sistema informático se saturó y cientos de expedientes quedaron sin tramitar a tiempo. Ahora, con el reloj corriendo y la presión social en aumento, la preocupación se multiplica. Algunas entidades advierten, incluso, de que la falta de información puede llevar a expectativas frustradas entre quienes más lo necesitan.

Por el momento, las asociaciones han pedido a los posibles beneficiarios que sean cautos y no inicien trámites sin asesoramiento. “Queremos evitar fraudes y que la gente pierda…

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