El procesalista que marcó la defensa de los ERE

Pocas figuras resultan tan decisivas en las macrocausas como el abogado que sabe moverse por los vericuetos del procedimiento. En el caso de los ERE andaluces, uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente, hubo un letrado de largo recorrido que asumió la defensa de varios altos cargos del socialismo. Su nombre no aparecía en los titulares, pero sus escritos marcaron el devenir de una instrucción que se alargó más de una década. Un veterano procesalista que convirtió la estrategia jurídica en el último bastión frente a la acusación.

Una vida al servicio del procedimiento

El derecho procesal no es una especialidad que suela brillar en las portadas. Demasiado técnico, demasiado árido. Sin embargo, cuando el fiscal y las acusaciones populares despliegan un arsenal de pruebas, quien conoce los pliegues del procedimiento puede cambiar el rumbo de una causa. Ese era el terreno de juego de este letrado. Con más de cuatro décadas de ejercicio, había construido su reputación en los tribunales a base de recursos, incidentes de nulidad y cuestiones previas. A nadie se le escapa que, en causas complejas, la partida se gana o se pierde antes del juicio oral.

Conviene recordar que se enfrentaba a una de las investigaciones más voluminosas de la democracia. Más de 200 investigados, miles de folios, decenas de piezas separadas. El caso ERE desbordó la capacidad de cualquier juzgado. Ahí está la clave: el procesalista no discutía solo los hechos, sino la propia estructura de la acusación. Cada recurso era un intento de reordenar el tablero. No es menor el dato de que varios de sus defendidos lograron evitar la prisión provisional, algo nada desdeñable en un clima de presión mediática y social.

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La maquinaria de la defensa socialista

El abogado fue uno de los nombres que sonaron con fuerza cuando los antiguos consejeros y altos cargos de la Junta de Andalucía buscaron defensa. Su perfil encajaba a la perfección: un procesalista puro, experto en dilaciones indebidas, en vulneraciones de derechos fundamentales, en la cárcel de los plazos. “De los recursos vivimos todos”, llegó a comentar en privado a un colega, según fuentes del entorno jurídico. La frase resume una filosofía: cuando el caso es gigantesco, la batalla está en la forma.

Lo cierto es que la estrategia no siempre fue comprendida desde fuera. Críticos señalaban que se buscaba alargar el proceso, evitar que se juzgara el fondo. Pero la defensa insistía en que el derecho a un juicio justo amparaba cada movimiento. La jueza instructora, Mercedes Alaya, primero, y luego su sucesora, María Núñez Bolaños, tuvieron que resolver decenas de recursos que ralentizaron la instrucción. Algunos de aquellos recursos llevaban la firma de este letrado. No parece casualidad que algunos de sus defendidos fueran de los últimos en sentarse en el banquillo.

Basta con mirar las fechas: la causa arrancó en 2011, pero el juicio no llegó hasta 2021 para la pieza principal. Diez años de instrucción que agotaron a todas las partes. Para entonces, el procesalista ya había perfilado una defensa que se centraba en la prescripción de los delitos más graves y en la falta de motivación de las acusaciones. Su trabajo, reconocido incluso por adversarios, consistió en vaciar de contenido jurídico la tesis de la conspiración política.

Un legado entre la admiración y la controversia

El papel de los abogados defensores en casos de corrupción suele ser incómodo para la opinión pública. Se les identifica con aquello que defienden. Pero el derecho de defensa es una columna del Estado de derecho. Este letrado, sin aspavientos mediáticos, se convirtió en un referente para quienes estudian la estrategia procesal en causas complejas. No obstante, su labor también generó debate: ¿hasta qué punto las tácticas procesales pueden retrasar la justicia sin vulnerar el derecho de defensa?

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