Ourense: cuando pagar facturas se convierte en un calvario judicial

La maquinaria municipal, atascada por dentro

El Concello de Ourense atraviesa una de sus crisis administrativas más profundas, y no por falta de dinero, sino por una parálisis interna que está dejando a decenas de pequeños empresarios y autónomos sin cobrar sus servicios. El Ayuntamiento se ha convertido en un laberinto burocrático donde las facturas entran pero no salen, y donde el responsable político ha decidido desviar la mirada hacia su propio departamento de Intervención. Lo que debiera ser un trámite rutinario se ha tornado en una pesadilla para quienes trabajan para la administración local.

Detrás de esta situación se esconde un problema estructural que no es nuevo. La pancarta que los bomberos colocaron en su torre protestando por los impagos no fue un hecho aislado, sino un síntoma de un mal crónico que ahora se extiende a todos los sectores. La novedad es que el alcalde, en lugar de asumir la gestión del atasco, ha optado por una estrategia que muchos califican de irresponsable: invitar a las empresas afectadas a que acudan a los tribunales para reclamar lo que se les debe.

Una invitación que no es una solución

Que un gobierno local recomiende a sus proveedores que demanden al propio Concello no es habitual. Supone, en la práctica, trasladar el peso de la ineficiencia administrativa sobre las espaldas de quienes ya han prestado un servicio o entregado un producto. Para una pequeña empresa, iniciar un procedimiento judicial contra su principal cliente es una decisión difícil: supone costes, tiempos inciertos y, a menudo, la ruptura definitiva de la relación comercial.

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El argumento es que las arcas municipales tienen liquidez, pero que el departamento de Intervención está bloqueando algunas facturas. En cualquier organización, cuando un área técnica detiene un proceso que debería fluir, la responsabilidad última recae en quien lidera la institución. Eludirla y sugerir la vía judicial parece más una maniobra de desgaste que una solución real. Si el interventor tiene atribuciones legales para frenar pagos, el alcalde tiene la potestad política de resolver el conflicto interno en lugar de externalizarlo.

El riesgo de normalizar la excepción

Lo más preocupante es que esta situación puede sentar un precedente peligroso. Si la respuesta ante la morosidad institucional es judicializar cada factura, el Concello estará reconociendo que su propia maquinaria no funciona. Y eso genera desconfianza entre los proveedores, que empezarán a pedir pagos por adelantado o directamente se negarán a trabajar con la administración local. El circuito económico de la ciudad se resiente: menos inversión, menos empleo y un Ayuntamiento que cada vez encuentra más difícil contratar servicios básicos.

Ourense no es un caso aislado en Galicia ni en España, pero sí uno de los más sonoros. La falta de pago a proveedores ha sido históricamente un problema en muchas administraciones locales, especialmente durante las crisis financieras. Sin embargo, lo que distingue este episodio es la actitud de quien dirige el Consistorio. Lejos de activar mecanismos de urgencia o de pedir explicaciones a sus propios funcionarios, la opción elegida ha sido la confrontación y el desplazamiento de la responsabilidad.

¿Quién controla a quién?

La relación entre un alcalde y el interventor municipal está regulada por la ley. El interventor tiene la obligación de fiscalizar todos los gastos y, si detecta irregularidades, debe paralizar el pago. Pero también tiene el deber de motivar sus objeciones y, si el órgano político insiste, elevar el asunto al pleno o a los tribunales de cuentas. En este caso, la ciudadanía asiste a un pulso público en el que el regidor culpa al interventor de una parálisis que, según la versión municipal, no responde a falta de fondos.

El problema es que, a día de hoy, no hay transparencia sobre qué facturas concretas están bloqueadas ni por qué motivos.

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