El pasado sábado, una columna de humo negro se alzaba sobre el barrio de A Cuña, sembrando la lógica alarma entre los viandantes y, especialmente, entre quienes se encontraban en las inmediaciones del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). El incendio declarado en la antigua granja escuela, una propiedad de la Diputación que acumula años de desuso y que era utilizada habitualmente como refugio por personas okupas, fue finalmente controlado sin que se registraran heridos. Sin embargo, lo que podría haber sido un suceso menor se convirtió en un nuevo capítulo de una historia que la ciudad lleva años escribiendo: la de un patrimonio público que se deteriora hasta convertirse en un peligro.
El riesgo latente junto al hospital
Lo que elevó la preocupación a un nivel superior fue el contexto. El edificio, situado a escasos metros del principal centro sanitario de la provincia, se encuentra rodeado de un extenso terreno con vegetación seca. La combinación de una estructura en estado de abandono, materiales inflamables acumulados durante años, una ocupación irregular y un entorno natural propicio para el fuego representa una bomba de relojería. En una comunidad autónoma especialmente castigada por los incendios, la simple chispa puede desencadenar una catástrofe. La suerte quiso que el fuego no se propagara a la maleza circundante ni afectara a las instalaciones hospitalarias, pero el susto ha sido mayúsculo y la pregunta queda en el aire: ¿cuántos avisos más necesita la administración para actuar?
Okupación y dejación: la doble cara de un mismo problema
El carácter «habitualmente okupado» del inmueble no es un detalle baladí, sino el centro de la cuestión. Detrás de la etiqueta de okupación se esconden varias realidades. Por un lado, la precariedad social y la falta de vivienda asequible que empujan a personas a buscar cobijo en edificios abandonados. Por otro, la absoluta dejación de funciones de la propiedad. Una administración pública que permite que un inmueble de su titularidad se deteriore hasta el punto de convertirse en un foco de inseguridad e insalubridad está incumpliendo con su deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos. La antigua granja escuela ya no es un activo, es un pasivo que genera un problema social, urbanístico y, como se ha visto, ambiental. Cada semana que pasa sin una intervención, la Diputación asume un riesgo que tarde o temprano se materializa en siniestros como este.
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Conoce más →Un patrimonio público en estado de coma
El suceso de A Cuña pone de manifiesto una tónica general en la gestión de los bienes inmuebles públicos en desuso. Antiguos colegios, granjas escuela, residencias de tiempo libre o pabellones deportivos salpican la geografía de la provincia como vestigios de un pasado que la administración no sabe, o no quiere, gestionar. Mantener un edificio cerrado y sin vigilancia no es gratis; su coste se traduce en riesgos jurídicos, en degradación urbana y, llegado el caso, en la intervención de bomberos y ambulancias. El coste del derribo o la rehabilitación, aunque elevado, suele ser infinitamente menor que el coste acumulado del abandono, especialmente cuando la seguridad de las personas está en juego. La inacción tiene un precio, y el sábado estuvimos a punto de pagarlo muy caro.
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