Bicicletas eléctricas y patinetes: cómo se regula su uso en las calles de Galicia

Caminar por las estrechas y adoquinadas rúas del casco histórico de Santiago de Compostela, o por los abarrotados paseos marítimos coruñeses, se ha convertido últimamente en una suerte de carrera de obstáculos cotidiana. El silencio tradicional de nuestras zonas monumentales, tan ligado a la morriña de la lluvia, se rompe a diario por el zumbido inconfundible de un patinete eléctrico que esquiva turistas y vecinos a toda velocidad. El caos está servido. Lo cierto es que la revolución de la micromovilidad ha llegado para quedarse, pero la convivencia ciudadana empieza a estar al rojo vivo.

A nivel global y nacional, estamos asistiendo a una explosión sin precedentes de estos vehículos de movilidad personal. En los últimos cinco años, el número de patinetes y bicicletas eléctricas en España ha crecido un 240 %, triplicando los desplazamientos en zonas urbanas densamente pobladas. Ahora bien, adaptar este boom tecnológico y ecológico a la idiosincrasia de nuestras ciudades resulta más complejo de lo que parece a simple vista.

El laberinto de granito de nuestra terra

Nuestra comunidad tiene un condicionante urbanístico fundamental que nos diferencia de otras grandes capitales europeas. Los centros históricos de urbes como Lugo, Pontevedra o A Coruña fueron diseñados hace siglos, pensados estrictamente para el tránsito de personas a pie o, como mucho, para el paso de algún carro. La propia geografía de la terra, con sus pendientes y calles serpenteantes, dificulta la creación de carriles exclusivos. El resultado es que peatones y usuarios de bicicletas eléctricas terminan compartiendo el mismo espacio de granito.

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Cabe recordar que las cifras no perdonan y evidencian la magnitud del problema. Durante el último año, los incidentes y accidentes leves implicando patinetes en las siete principales ciudades gallegas experimentaron un aumento del 18 %, una tasa notablemente alta si la comparamos con la media nacional. La realidad es que la sensación de riesgo se ha instalado en el día a día de nuestros cascos antiguos.

«No se trata de poner freno a la movilidad sostenible, sino de exigir sentido común; una calle histórica de un metro y medio de ancho no puede ser una autopista de dos ruedas a veinticinco kilómetros por hora», alerta un técnico municipal de Movilidad.

La búsqueda de soluciones desde la retranca

Las normativas de la Dirección General de Tráfico ya establecen reglas claras para todo el país, prohibiendo expresamente la circulación de estos vehículos por aceras y pasos de peatones. Sin embargo, a nivel local, los concellos gallegos se enfrentan ahora al reto de legislar sin ahogar una alternativa de transporte que, a fin de cuentas, reduce las emisiones. En ciudades como Vigo o Ourense, ya se barajan ordenanzas que limiten la velocidad máxima a quince kilómetros por hora en entornos patrimoniales, además de endurecer las sanciones por aparcamiento indebido.

De hecho, el gran debate municipal pasa por dónde aparcar estos artilugios sin que entorpezcan el paso. Las plataformas de alquiler suelen acumular decenas de patinetes en esquinas estratégicas, bloqueando a menudo el paso de carritos de bebé o sillas de ruedas. Algunos ayuntamientos están delimitando geofences, o zonas virtuales de baja velocidad, donde el propio vehículo reduce su motor automáticamente al detectar que entra en una zona sensible. Es una medida inteligente, aunque la educación vial sigue siendo la asignatura pendiente.

Encontrar el equilibrio exacto requiere mucha retranca y bastante diálogo entre todos los sectores implicados. Las nuevas tecnologías de movilidad llegan con fuerza para quedarse, pero las rúas de nuestra tierra tienen un encanto y un alma que merecen ser protegidas. Al final, el objetivo último de cualquier regulación debería ser bien sencillo: que podamos seguir paseando tranquilamente, sin tener que mirar hacia atrás por si un rayo silencioso nos alcanza en el empeine.

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