Editorial: 388 millones — la deuda que nadie cobra

Editorial: 388 millones — la deuda que nadie cobra

Trescientos ochenta y ocho millones de euros. La cifra es tan abrumadora que cuesta procesarla. Es el dinero que un puñado de grandes morosos debe a la Hacienda gallega, según el listado publicado esta semana por la Agencia Tributaria. Detrás de esa cantidad astronómica hay nombres propios: sociedades pantalla, promotores insolventes, empresarios que han vaciado compañías para dejarlas sin patrimonio y huir de sus obligaciones con el fisco. Mientras tanto, el contribuyente ordinario —el que paga su IRPF mes a mes, el que soporta la retención en nómina sin posibilidad de escape— asiste atónito a un espectáculo de impunidad que se repite año tras año.

El problema no es nuevo. Hacienda publica su lista de morosos con cierta regularidad, y cada vez que lo hace se desata la indignación. Pero la indignación es efímera: dura un ciclo informativo y se disuelve. Los nombres cambian, las cantidades suben, pero la estructura del problema permanece intacta. Y la estructura es esta: el sistema tributario español es extraordinariamente eficaz persiguiendo al pequeño deudor —el autónomo que retrasa un trimestre, el contribuyente que olvida declarar unos ingresos complementarios— pero claramente ineficaz frente a quienes deben millones y disponen de los bufetes de abogados necesarios para alargar los procedimientos durante décadas.

La publicación de la lista tiene un valor: el de la transparencia. Sapinar a los morosos, exponer sus nombres, ponerles cara. Pero la transparencia sin consecuencias es un gesto vacío. Lo que hace falta es acción ejecutiva. Que los 388 millones no sean una cifra decorativa en un comunicado, sino el objeto de una ofensiva judicial y administrativa que recupere el dinero público. Cada euro no cobrado a un gran moroso es un euro que no va a sanidad, a educación, a dependencia, a infraestructuras. Es un euro que el resto de la sociedad paga en forma de impuestos más altos o de servicios peores.

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Galicia, en particular, no puede permitirse el lujo de regalar 388 millones. Una comunidad con las cifras de envejecimiento y despoblación que padece, con un sistema sanitario que demanda inversiones urgentes —el CHUS de Santiago necesita ampliar Urgencias, los hospitales comarcales agonizan, la atención rural se debilita—, con una red de transporte público insuficiente y una dependencia crónica de la financiación estatal, tiene cada euro contado. Dejarlo en manos de quienes deciden no pagar no es negligencia: es complicidad.

Las herramientas legales existen. El código tributario contempla el embargo de cuentas, el bloqueo de patrimonios, la responsabilidad de administradores de sociedades, e incluso la vía penal para casos de alzamiento de bienes. La pregunta es por qué esas herramientas no se utilizan con la misma celeridad e intensidad contra los grandes deudores que contra los pequeños. La respuesta, dolorosamente evidente, tiene que ver con la asimetría de recursos: quien debe cien mil euros en honorarios de abogados puede permitirse paralizar un expediente durante años. Quien debe tres mil no.

Trescientos ochenta y ocho millones de euros. Mientras esa cantidad siga sin recuperarse, cada gallego que pague sus impuestos a tiempo estará, de hecho, financiando a quienes deciden no pagarlos. Eso no es justicia fiscal. Es justicia al revés.